El anuncio por parte de Esperanza Aguirre de que va a proponer la supresión del impuesto sobre donaciones en la Comunidad de Madrid a partir del próximo 1 de enero de 2006, permite que esa autonomía continúe lo mejor de la política económica del gobierno del PP en los años 96-2004. Además, antes de dos años en Madrid no se pagará por sucesiones entre padres e hijos y cónyuges y el IRPF será un punto más bajo que en el resto de España. Ninguna otra autonomía, ni el País Vasco, Navarra ni –por supuesto- Cataluña, ofrecerá más incentivos fiscales al ahorro, al crecimiento y a la creación de empleo en España; por más que el alcalde Ruiz Gallardón suba el IBI a los habitantes de Madrid capital, afortunadamente el único impuesto de su competencia.
No sé si Madrid es la autonomía más moderna o con mayor potencial de crecimiento. Sí sé que esas medidas favorecen y favorecerán el establecimiento de empresas y compensarán algo la falta de competitividad general de la economía española, los males que aquejan a nuestro país, según denuncias reiteradas de propios y extraños, de miembros del gobierno y de la oposición; pero sí sé, también, que frente a un insípido catálogo de medidas del actual gobierno para mejorar la competitividad, la decisión política de suprimir el impuesto sobre donaciones entra directamente en el fondo de la cuestión. Y no por la cuantía de lo que deja de ingresar la hacienda madrileña, pues apenas se recaudaban 18 millones de euros anuales por donaciones entre los grupos familiares a los que afecta la medida –dentro de unos presupuestos anuales de la Comunidad de Madrid con unos ingresos totales anuales superiores a los 13.000 millones de euros-, sino por la decisión de legalizar una práctica común en nuestra sociedad, la de ayudar a los hijos o, ahora cada vez con mayor frecuencia, a los padres, al margen de las disposiciones tributarias. En una sociedad con una solidaridad familiar tan intensa como la española es muy evidente que los que ayudan a sus familiares no están dispuestos –en general- a, además, tener que pagar al fisco por esa práctica. Tiene razón Esperanza Aguirre cuando dice que esa pérdida de ingresos fiscales será sobradamente compensada por otros ingresos fiscales que generarán las nuevas actividades que se crearán con la legalización de esa práctica. Habrá más donaciones, más apoyo familiar, mayor supervivencia de empresas, más equilibrio entre generaciones. Y todo ello sin coste fiscal.
La protesta del opositor Simancas habla, como siempre, de pobres y ricos, de envidias, celos y lucha de clases. No tiene en cuenta ni el bienestar de los hijos, ni el de los padres, ni su efecto sobre la actividad económica, ni la posibilidad de que la autonomía de Madrid atraiga capitales, se creen más empresas y se genere más empleo. Para él, y para el PSOE e Izquierda Unida, es más importante poner el acento en los ricos que supuestamente dejarán de pagar el impuesto; como si las familias con mayor patrimonio no contaran con asesoramientos legales y fiscales capaces de encontrar fórmulas para dejar de pagar ése y otros impuestos. Pero la realidad no importa para esos partidos, que no pueden olvidar la estéril lucha de clases y que identifican el bien común con declaraciones demagógicas de igualitarismo.
