A la hora de relacionarse con los ciudadanos a través de Internet, los Estados deben dar a aquellos la mayor libertad a la hora de elegir el sistema operativo y las herramientas que quieran utilizar. Hace unos años, prácticamente todos los servicios que ofrecían on line las diferentes administraciones españolas estaban tan sólo disponibles para los usuarios de Windows. Sin embargo, tras sucesivas denuncias y protestas, poco a poco han ido abriéndose a quienes utilizan otros sistemas operativos. Un caso ejemplar de ello es la declaración de la renta. Hasta 2001 tan sólo era posible presentarla a través de la Red si se utilizaba el sistema operativo de Microsoft. Un año después, ya podían hacerlo quienes usaban Linux o Mac. Es posible que este no fuera el motivo principal, pero sin duda fue uno de los factores que permitió que se disparara la cifra de declaraciones presentadas de esta manera.
Cuando un Estado limita a un sistema operativo y a unas herramientas determinadas, incluso a unos pocos formatos, las posibilidades que tiene un ciudadano de relacionarse con la Administración a través de la Red, está discriminando a una gran cantidad de usuarios. Eso es lo que ocurría antes en España (desconozco si sigue habiendo algún caso de ello), donde la única opción de ser e-ciudadano pasaba por utilizar Windows. Y es lo que va a ocurrir a partir de ahora en Noruega, sólo que en sentido inverso.
El ministro de Modernización de dicho país escandinavo, Morten Andreas Meyer, ha anunciado que “los formatos propietarios ya no serán aceptados en las comunicaciones entre ciudadanos y Gobierno”. A partir de ahora, los noruegos que quieran utilizar, por ejemplo, Word a la hora de mandar un texto a la administración de su país no podrán hacerlo. El fundamentalismo del software libre se ha impuesto en dicha nación del Norte de Europa y los usuarios de este programa y muchos otros se verán marginados ante su Estado. En un claro ataque a su libertad, el Gobierno de Oslo ha decidido que no son merecedores de ser e-ciudadanos.
No hay duda de que es deseable que las administraciones utilicen software libre, argumentos a favor de esto no faltan (desde el ahorro del alto coste de miles de licencias hasta la posibilidad de modificar el código para adaptarlo a las necesidades de cada departamento). Sin embargo, otra muy distinta es que se pretenda obligar a los ciudadanos a hacer lo mismo. Eso no es libertad, al contrario, atenta contra ella. Se trata de un tipo de fundamentalismo en el que los Gobiernos deberían evitar caer.
