Si no fuera por la revolución digital, por la explosión de libertad que ha supuesto Internet, nos íbamos a enterar en España de lo que es un invierno mediático y político de verdad, de lo que es enfrentarse a las arbitrariedades de un gobierno enemistado con la libertad y con la verdad, valores o guías que Derribos Rodríguez ha preferido sustituir por el control social y la propaganda.
De forma más general, si algo ha traído la red de redes es un incremento vertiginoso de los intercambios de todo tipo. Es decir, un aumento tal de la complejidad de los sistemas sociales que sería estúpido o ingenuo tratar de entender la realidad de principios de siglo XXI, y mucho más tratar de manejarla o conducirla, según los modelos omniexplicativos y simplificadores que subyacen en el intelecto progre. Por eso la actitud de la izquierda es hoy básicamente de desconfianza. Desconfían de las novedades, lo que casa muy mal con su supuesta condición progresista y muy bien con lo que realmente son: retrógrados reaccionarios. Esto no es óbice para que agradezcan a sus terminales del activismo radical, con los dos pies metidos en la ilegalidad, las ventajas de las NNTT, que tanto servicio dieron en el golpe de mano del 13 M.
Viene a cuento todo esto porque se están acumulando ya demasiados tics totalitarios en este gobierno legítimo (por legal): hostigamiento continuo de la oposición desde el gobierno, reprobación formal de un ex ministro tras haber orquestado su linchamiento mediático, detención de ciudadanos por su militancia y posterior justificación de los hechos desde todas las instancias dependientes del gobierno, imposición de los excesos de sus socios separatistas y paulatino debilitamiento de los derechos y libertades de todos, cuya garantía última es la nación española.
Sus socios amenazan a intelectuales, tras negarles tal condición, refrescando la memoria de la infamia con los nombres de las víctimas de un terrorismo que su partido absorbió. Sus socios amenazan a disidentes del socialismo con el exterminio desde la prensa controlada por la Generalitat.
