El Instituto de Estudios Económicos (IEE) acaba de pedir una rebaja generalizada de las cotizaciones sociales para todo tipo de contratos, con el fin de estimular la competitividad de la economía española. Esta es una reivindicación que vienen realizando desde hace tiempo los empresarios, defendida también en varias ocasiones por la entidad que dirige Juan Iranzo, que, hoy por hoy, resulta del todo punto necesaria.
Hoy por hoy, las empresas son quienes están financiando la pensión pública de los trabajadores, ya que las compañías aportan a la Seguridad Social una cantidad equivalente aproximadamente al 24% de la base de cotización mientras que los trabajadores apenas aportan el 4%. El peso de la financiación del sistema público de pensiones recae, por tanto, en las empresas. Pero estas aportaciones constituyen también un coste importante para ellas en unos tiempos en los que la Unión Europea tiene que afrontar cómo resolver el problema de pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y las economías emergentes y España, además, tiene que frenar el deterioro de su competitividad ante la Unión Europea provocado por un crecimiento de la inflación española sensiblemente superior al de la media de la UE. En estas circunstancias, como es lógico, además de arbitrar medidas de política económica encaminadas a liberalizar efectivamente los mercados, conviene también actuar directamente sobre los costes de las empresas, entre ellos, los laborales y, más concretamente, las cotizaciones a la Seguridad Social.
Por otra parte, las cotizaciones empresariales, al formar parte de los costes laborales, encarecen la contratación de personal y, en consecuencia, se constituyen en un freno a la generación de puestos de trabajo, un obstáculo que debería removerse ahora que los efectos de las reformas laborales que pusieron en marcha los gobiernos del PP están agotándose. Continuar con el proceso de creación de empleo no sólo exige que se mantenga un cierto crecimiento económico, sino también, y sobre todo, que se incida sobre las causas estructurales que lo lastran, entre ellas los elevados costes laborales distintos de los salarios. En caso contrario, corremos el riesgo de quedarnos estancados en los niveles actuales de ocupación y paro en lugar de seguir avanzando hacia el tan deseado pleno empleo, que es lo que debe constituir uno de los objetivos prioritarios de la política económica española.
Ahora bien, una hipotética rebaja de las cotizaciones empresariales plantea un problema colateral. Si estas se reducen, los ingresos de la Seguridad Social caerían necesariamente, con lo que el momento de crisis del sistema público de pensiones, que el Instituto de Estudios Fiscales estima que llegará en 2015, se adelantaría en el tiempo y la propia crisis se haría más profunda. De esta manera, nos hallamos inmersos en la trampa de las cotizaciones, ya que si es malo que las aportaciones empresariales a la Seguridad Social sean tan altas, tal y como están las cosas resultaría todavía peor que éstas se redujeran.
