Después de dieciocho meses desde que se iniciaron los trabajos para elaborar un nuevo estatuto para Cataluña, parece que los miembros del tripartito han decidido ponerse las pilas y no alargar más la agonía de un debate —el del nuevo estatuto de autonomía para Cataluña— que sólo interesa a los partidos políticos y a un 0’4% de la población catalana. Ha bastado la publicación de este dato extraído de una encuesta de la propia Generalitat para cerrar una ponencia que, desde mi punto de vista, jamás debería haberse abierto. La próxima semana los partidos políticos catalanes van a presentar sus enmiendas y en función de aceptación o no, decidirán si lo apoyan o no. En estos momentos tan sólo un partido político lo tiene realmente claro. El Partido Popular de Cataluña es el único partido que no se presentó a las últimas elecciones con la idea de reformar o elaborar un nuevo texto y también es el único partido que va a votar en contra del mismo si el PSOE no consigue en las próximas horas darle la vuelta a este texto como si fuera un calcetín.
Maragall quiere un Estatuto de máximos aunque algunos de los dirigentes del PSC, en privado, reconocen que el asunto se le ha ido de las manos. ERC avanza viento en popa a toda vela, mandando, decidiendo, haciendo bailar a Zapatero y al PSOE al compás que les sitúa como la fuerza central e influyente de la política catalana y española. Carod Rovira quiere aprobar un estatuto que le sirva para presentarse ante los electores catalanes como el artífice de un Estatuto que, por primera vez en nuestra historia, va a definir a Cataluña como una nación. Por su parte, Convergència i Unió intentará, por todos los medios, bloquear el Estatuto no porque no pueda estar de acuerdo con lo conseguido por ERC sino porque no puede permitirse el lujo de darle este triunfo nacionalista a Pasqual Maragall.
Son muchas las razones que deberían llevar —si el trámite de enmiendas no lo arregla— a PP y PSOE a votar en contra del estatuto que tramita el Parlamento catalán. En primer lugar por la utilización del término nación para definir a Cataluña. El artículo dos de la constitución establece que la única nación que existe en el estado español es España, pero es que de aprobarse tal cuál el estatuto, Cataluña se situaría fuera de España. El articulo 137 de la Constitución establece que “el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan”. Si Cataluña deja de ser una comunidad autónoma para definirse como una nación, ¿vamos a dejar de formar parte de España?
En segundo lugar por la voluntad de incluir derechos para los catalanes diferentes a los del resto de españoles y europeos. Mientras los ciudadanos creen que el nuevo Estatuto va a servirles para conseguir una plaza de guardería para sus hijos o una residencia asistida cerca de casa —como si el Estatuto fuera la solución mágica a todos nuestros problemas— los políticos nacionalistas (entre los que incluyo a los del PSC) se empeñan en centrar este debate en la necesidad de definir los valores comunes y únicos que, desde su punto de vista, pueden cimentar nuestra sociedad, conseguir la denominada “cohesión nacional catalana y alcanzar la ansiada soberanía política”. Por este motivo existe tanto interés en definir claramente en el Estatuto los principios y valores que, según los nacionalistas, deben inspirar el proceso ciudadano de la llamada “reconstrucción nacional” de Cataluña y permitir, finalmente, su independencia.
La necesidad de que nuestro Estatuto recoja una serie de principios de la que algunos llaman “personalidad catalana” puede llevarnos a establecer una catalogación de trazos definitorios de lo catalán que excluya a todo aquel que, siendo y considerándose catalán, no comulgue con esos principios y valores definidos, de manera excluyente, por una determinada mayoría parlamentaria. Otra de las consecuencias derivadas de la enumeración de estos principios puede llevarnos, irremediablemente, a definir lo que queremos ser como pueblo y a excluir a todo aquel que no quiera definirse ni que lo definan en función del colectivo al cual pertenece sino como ciudadano.
Los valores y principios que deben inspirar el marco de convivencia que representa el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ¿deben ser o son diferentes a los que inspiran el marco de convivencia de los franceses, alemanes, vascos o valencianos? ¿Debemos tener los catalanes más derechos y obligaciones que el resto de españoles o europeos? ¿Quizá menos? No parece razonable que el estatuto de autonomía de Cataluña establezca un catalogo de derechos y deberes diferente al que tienen el resto de españoles. Sin duda, el objetivo de algunos es redactar una constitución catalana que obvie la pertenencia de Cataluña a España, en un claro intento de hacer realidad una ficción que sólo existe en sus mentes y que se resume en la idea que Cataluña ni es ni puede seguir siendo una parte de España.
En tercer lugar, debemos decir no a un estatuto que invade competencias que son del Estado. Sin duda que el nuevo estatuto debería definir con mayor amplitud y precisión las competencias de la Generalitat pero no podemos aprovecharnos de la posibilidad de delegación de las competencias para vaciar de contenido al Estado. El proyecto de reforma niega que la legislación básica tenga como función el establecimiento de un mínimo común normativo en todo el territorio español. Por último, y en relación al sistema de financiación, tampoco podemos establecer un sistema cerrado en nuestro estatuto al margen del establecido por el conjunto de las comunidades autónomas y el gobierno de España que rompa la necesaria solidaridad interterritorial.
