Los partidos políticos –todos, sin excepción– están de acuerdo en que el nuevo Estatuto autonómico invente el derecho a una Renta de Ciudadanía. En la competición a ver quién patea más lejos la Constitución, esta iniciativa del PSOE, rápidamente secundada por CC y PP, ha colocado al Estatuto canario como un serio aspirante al podio. Van a reformar el Artículo 5 para incluir la fábrica de chocolate de Tim Burton como un derecho político inalienable. Si estás empadronado en Canarias, enhorabuena: te ha tocado un sueldo Nescafé para toda la vida. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Sobre todo, no te muevas. Los contribuyentes se encargarán del papeleo. Tú relájate y disfruta de la repostería del Gobierno.
No ha habido preguntas sobre la genial idea de añadir el plomo del salario universal al zeppelín en llamas del Bienestar. Si acaso: ¿por qué no se nos ocurrió antes? O ¿Cuándo vamos a dejarnos de ombliguismos y lo extendemos a todo hijo de vecino?, como se pregunta una comentarista que pasa por ser crítica y presenta sus artículos en la prensa local bajo el epígrafe: A riesgo de pensar. Va a ser cierto y habrá que colocar junto a la cabecera de los periódicos un cartel que nos avise antes de poner un pie o una neurona en las fincas del consenso socialista: “Cuidado, pensamientos sueltos”.
Más allá de estas amonestaciones cariñosas, el anuncio de una Renta de Ciudadanía no ha despertado de la siesta a una mosca. La Patronal no ha perdido de vista el Boletín Oficial de Canarias (BOC), del que la mayoría de sus dirigentes obtienen la únicas oportunidades que conocen, y del que extraen una permanente lección de prudencia en sus opiniones sobre el Gobierno. Los liberados sindicales, por su parte, no quitado ojo a Gran Turismo, el juego de moda en las videoconsolas de la clase obrera. Ni unos ni otros van a pagar la Renta de Ciudadanía, cuya factura no se han molestado en calcular los partidos políticos.
