Desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegase al Palacio de la Moncloa en la primavera de 2004, uno de los ejes fundamentales de su política autonómica ha sido marginar a conciencia a la Comunidad de Madrid. A nadie se le escapa que la razón de semejante comportamiento es que la Comunidad que alberga a la capital de España está gobernada por el Partido Popular. Pero no sólo eso, Madrid es el objetivo electoral número uno para el PSOE en los próximos comicios regionales y, a pesar de ser rastrero e intolerable, el Gobierno de la Nación está haciendo todo lo posible para perjudicar a su presidenta con la ilusión de que, en 2007, los madrileños se decanten por el candidato socialista.
Una operación de desgaste tan descarada por parte del Gobierno hacia una autonomía no se había visto en los veinticinco años de Estado Autonómico. Durante las dos legislaturas de Aznar el trato dispensado desde Moncloa a las regiones no gobernadas por el PP no difería en absoluto del que se otorgaba a las autonomías regidas por presidentes populares. Algunas como Cataluña vieron como, incluso, las inversiones del Estado crecieron en esos años. Con el regreso de los socialistas al poder las buenas formas y la simple gestión, que es, a fin de cuentas, lo que los ciudadanos han de exigir a los políticos por encima de banderías de partido, tocaron a su fin. Tras la inesperada victoria del 14-M los estrategas de Zapatero diseñaron una cuidadosa campaña para no dar tregua al PP y, especialmente, para desposeerle de su más preciado capital político: las comunidades de Valencia y Madrid. La derogación del PHN y el recuerdo de los nefastos gobiernos de Joan Lerma han puesto muy cuesta arriba la recuperación de la Comunidad Valenciana. En la capital, sin embargo, los populares gobiernan por un estrecho margen tras la repetición de las elecciones en noviembre de 2003, por lo que para los insaciables hombres de Ferraz Madrid se antoja un bocado relativamente sencillo y muy apetitoso.
Con el objetivo fijado, al Gobierno no le ha quedado más que afinar la puntería. El programa de acoso y derribo es de manual, y si no fuese porque los medios prefieren mirar hacia otro lado y no informar al respecto los madrileños deberían haber salido hace tiempo a la calle a protestar. En apenas unos meses se han paralizado infraestructuras ya previstas, se han congelado las inversiones del Estado y se han utilizado argucias contables de todo pelaje para engordar el déficit de la Comunidad. Por ejemplo, el Eurostat, reclasificó de improviso a la empresa Mintra para que su deuda computase como déficit público imputable a la Comunidad de Madrid. Esto, que en principio parece una bagatela contable, compromete seriamente la ejecución de obras tan necesarias como la ampliación del metro de la capital, que en esta legislatura debería crecer en unos 50 kilómetros. El mes pasado los técnicos del ministerio de Economía dieron otra vuelta de tuerca. Esta vez por la liquidación de impuestos cedidos al Ejecutivo regional. Pedro Solbes, unilateralmente y por el artículo 33, birló a la Comunidad de Madrid 250 millones de euros, cantidad que acto seguido fue destinada a la Junta de Andalucía. No es casualidad que lo que Solbes se niega a entregar a los madrileños coincida con el último recorte fiscal de Esperanza Aguirre. En Ferraz, en Moncloa y en la calle de Alcalá, que para el caso vienen a ser lo mismo, lo han calculado todo al milímetro.
