Desde que John F. Kennedy descubrió la importancia de los medios de comunicación, en especial la televisión, gracias a lo cual ganó las elecciones presidenciales estadounidenses de 1960, la política es, en muchos sentidos, cuestión de imagen. Una buena campaña mediática puede convertir a un candidato poco adecuado en la viva imagen de la aptitud política y a una mala gestión, en la más adecuada para los problemas y necesidades de la sociedad. Todo, al final, es cuestión de marketing, y marketing es lo que va ha hacer la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, para tratar convencer a los españoles de que su impresentable plan de vivienda es el mejor de los posibles y la solución para el problema socioeconómico más preocupante para todos los españoles. En definitiva, Trujillo va a tratar de vender la burra. Lo malo es que la operación va a salir cara.
La ministra de Vivienda tiene previsto gastar 600.000 euros –cien millones de las antiguas pesetas- en publicitar su plan y convencernos a todos de las bondades del mismo, de lo mucho que le preocupa al Gobierno la cuestión de la vivienda y de lo bien que los socialistas hacen las cosas en este terreno. Desde luego, tengo muchas ganas de ver cómo nos presentan la idea de pisos de menos de 30 metros cuadrados como la solución ideal, porque va a tener que ser un gran trabajo de técnica publicitaria ya que la idea, en sí misma, es impresentable. En una sociedad que ha mejorado considerablemente en los últimos años su nivel de bienestar social, los ciudadanos aspiramos a vivir en casas cada vez mejores, mayores, más luminosas y, a ser posible, con jardín, piscina y demás elementos que definen la calidad de vida, a un precio asequible. Esas aspiraciones, sin embargo, hoy por hoy se ven defraudadas porque la vivienda es muy cara, no hay nada en el plan del Ministerio que contribuya a reducir su precio y todo lo que ofrece el Gobierno al respecto son minipisos propios de un país tercermundista, no de una nación cuyo grado de desarrollo la sitúa entre las diez más avanzadas del mundo.
El Gobierno ha renunciado a llevar a cabo las dos únicas reformas estructurales que de verdad resolvería el problema de la vivienda, esto es, la liberalización del suelo y la reforma de la ley de arrendamientos urbanos, para ofrecer minipisos, la prolongación a treinta años del periodo de calificación de una vivienda como protegida –una medida que introduce todavía más rigidez en el mercado de viviendas de segunda mano y, por tanto, encarece más su precio- y una agencia pública de alquiler costosa y de dudosa utilidad práctica. Y eso lo van a presentar ahora como la mejor de todas las políticas posibles, utilizando 600.000 euros del dinero que aportamos al Estado todos los españoles con nuestros impuestos. Los que en su momento criticaron a Eduardo Zaplana por la campaña institucional del Ministerio de Trabajo sobre el empleo y las pensiones, hoy se apuntan al mismo sistema para tratar de vender una propuesta insustancial. Por supuesto, el Ejecutivo tiene todo el derecho del mundo a utilizar la publicidad institucional para dar a conocer lo que considere necesario. Pero, ¿por qué no se pone el mismo énfasis, por ejemplo, en publicitar el elevado número de ayudas europeas para todo tipo de empresas, sectores y finalidades, que es lo que de verdad interesa, es útil y se desconoce profundamente, en lugar de malgastar recursos en tratar de vender una burra que no está en buenas condiciones? El dinero público debe gestionarse con eficacia y un criterio de utilidad, en vez de emplearse para campañas de contenido más político que de otra cosa, ya que, en definitiva, se trata de unos recursos que han salido del bolsillo de todos los españoles y, por tanto, deben de administrarse mejor.
