Están en la calle. Y son legión. Probablemente no constituyen mayoría electoral en sus respectivos países, pero su influencia no para de crecer. En México, en Panamá, en Bolivia, en Ecuador, en Perú... ahora mismo en Brasil. El fenómeno se extiende como fuego sobre hierba seca a todo lo largo y ancho de América Latina, provocando cargas policiales, violencia generalizada, fuga de capitales, cambios de gobiernos, inestabilidad institucional.
Son los manifestantes. En México forzaron la rectificación de Vicente Fox a propósito del desafuero contra el candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la jefatura de gobierno, Manuel López Obrador. En Panamá han impugnado la reforma de pensiones propugnada por el ejecutivo de Martín Torrijos. En Bolivia arremeten a favor de la nacionalización de los hidrocarburos y contra casi cualquier iniciativa de los presidentes de turno (el penúltimo de ellos, Carlos Mesa, renunció recientemente). En Perú rechazan la política económica del gabinete de Alejandro Toledo, visceralmente opuestos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En Ecuador han forzado la salida de varios gobernantes, mientras que en Brasil –a propósito de los escándalos de corrupción– comienzan a pujar, alternativamente, ora por la destitución de Luiz Inacio Lula Da Silva, ora por eximir de responsabilidades al mandatario brasileño.
Durante el último lustro el fenómeno de la movilización social ha tomado un auge sin precedentes en Latinoamérica, abriendo una interrogante en torno a la viabilidad de las instituciones democráticas. Hasta Chile, la Suiza regional, ha presenciado un aumento del activismo callejero. Mientras en Cuba la tendencia es de carácter sistémico –se trata de uno de los dos países latinoamericanos, más la neo-totalitaria Venezuela, en el que se verifican con regularidad manifestaciones pro gubernamentales–, con la movilización respondiendo al engranaje mediático y/o intimidatorio de un Estado que dispone de infinidad de mecanismos para forzar la asistencia popular, en el resto de la región los manifestantes, espontáneos o no, van contra las instituciones establecidas. Redundantemente, el eje Caracas-La Habana juega un papel a menudo considerable en la concepción, financiación y organización de esta clase de eventos. El hecho de que miembros de la Confederación Nacional de Instituciones Privadas (CONFIEP) del Perú hayan llamado la atención sobre la coordinación de las protestas en ese país, denunciando que los paros y movilizaciones son planificados por organizaciones de corte terrorista, es sólo un botón de muestra.
Pero más allá de la injerencia castro-chavista, el problema de fondo es político, conceptual, ético, esto es, cultural. Las élites políticas latinoamericanas no se han atrevido a implementar reformas estructurales de calado o, quizá más sencillamente, han sido incapaces de comprender su necesidad, en tanto la clase intelectual, en su mayoría, continúa fomentado una visión de la historia en la que la culpa invariablemente la tiene el otro, el empresario, el capitalista, el imperialismo yanqui. El perro mordiéndose infinitamente la cola: la violencia callejera, el asalto a las instituciones nacionales, es consecuencia, fundamentalmente, de los posicionamientos radicales, reduccionistas o en el mejor de los casos abúlicos, de las mencionadas élites.
