Esta semana la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una demanda contra los operadores de telefonía móvil (Vodafone, Movistar y Amena) por el redondeo que aplican a sus tarifas, que, según la OCU es: una práctica abusiva.
Evidentemente, si le pregunta a cualquier consumidor si las operadores aplican “tarifas abusivas”, le dirá sin pensárselo dos veces que sí. Si le pregunta si el precio del pan es abusivo, la respuesta será la misma: sí. Y si le pregunta que el precio del café es abusivo, también le dirá lo mismo. Y es que es totalmente lógico que el consumidor siempre quiera pagar el precio más barato. Y por otra parte, también es lógico que el oferente siempre quiera aplicar el precio más caro.
La OCU no tiene ninguna superioridad moral como para acusar a una empresa, o a cualquiera, de ser “abusivo”. Más bien la que está abusando de su poder es la propia OCU que reclama usar la fuerza, con la ayuda del estado, contra estas compañías gastando más dinero del pagador de impuestos, poniendo en peligro puestos de trabajo y reduciendo los ingresos de las compañías de las que dependen accionistas, empleados, proveedores, acreedores, etc.
Pero lo que sí es cierto es que en España sólo hay tres operadoras en el mercado y esto puede causar la sensación que somos “clientes cautivos”, esto es, que los consumidores hemos de pagar más de lo que consideramos razonable por la falta de alternativas (algo que no acaba de ser cierto porque sino no pagaríamos y llamaríamos desde una cabina). Algunos le dirán, incluso, que es un fallo de mercado; pero lejos de aquí, a lo que estamos asistiendo es a un fallo del estado.
Lo que nos hemos de preguntar es, ¿por qué no abrir el mercado de las telecomunicaciones y dejar que entre y salga todo aquel que quiera? ¿Qué sentido tiene que el estado tenga que convocar concursos para conceder licencias de telefonía? ¿Es que si hay más de tres operadores aumentarán los crímenes? ¿La sociedad se descompondrá, o la economía se hundirá? ¡Evidentemente que no! Todo lo contrario: nacerán pequeñas, medianas y grandes empresas de telecomunicación, se creará más empleo, se fomentará de forma libre y natural la competencia que se traduce en precios más baratos, las malas operadoras que no satisfagan al consumidor se irán del mercado para destinar sus esfuerzos en otros ramos productivos que la sociedad valore más. ¡Abriendo totalmente el mercado sólo habrá ventajas!
Si el estado no controla ni exige dinero para lo que cada uno es libre de hacer, no nos harán falta organizaciones histéricas que presuntamente nos protegen.
A organizaciones como la OCU no le interesan los derechos de la sociedad. Los mandatos que consigue imponer por medio del estado pueden parecer que benefician al consumidor (algo bastante dudoso), pero usted también es empresario, o empleado de alguna empresa, o autónomo… Como el gobierno, por culpa de alguna organización de presión, le ponga trabas a su negocio (ya sea empresario o empleado) las consecuencias las va a pagar usted aunque mantenga muy contento a su cliente. Organizaciones como la OCU se dedican a imponer costes innecesarios a las empresas, y eso significa la liberación de cierto tipo de recursos para el tejido productivo de la economía como despidos o reducciones de beneficios
