El gobierno paraguayo afirmó que elaborará un presupuesto con “rostro humano”, dando prioridad al gasto social. El déficit en el presupuesto, sin embargo, obligará a endeudar al país y a imprimir dinero sin valor, sólo para aumentar el salario de la burocracia. Ni la deuda ni la inflación se apiadan de la gente. Además, el gasto social, como medio para la redistribución “equitativa” del ingreso, tiene perversos antecedentes en América Latina: en lugar de quitarle a los ricos para dar a los pobres, los gobiernos suelen quitarle a los pobres para dar a sus amigos ricos.
Un presupuesto humano sería equilibrado, con iguales gastos que ingresos fiscales. Los presupuestos deficitarios se suelen financiar con emisión inorgánica del Banco Central y la inflación producida castiga duramente a los más pobres. La inflación recae sobre quienes viven de sus salarios y no pueden ahorrar en dólares ni invertir en bienes raíces para resguardarse del aumento de precios. Esta es una de las formas –en extremo desalmada– de redistribuir la riqueza, quitándole al trabajador pobre para darle a los más pudientes: políticos, funcionarios y empresarios amigos que viven a costas del gobierno y sus contratos. Los asalariados y jubilados siempre pierden porque “mientras los salarios suben por la escalera, los precios van por el ascensor”.
Un “presupuesto humano” sería muy austero porque el dinero que se gasta es dinero del pueblo. Son las mayorías quienes soportan el peso del gasto público, financiado con impuestos que se trasladan al precio de alimentos, vestimentas, transporte, etc.
Un presupuesto compasivo no mantendría a miles de funcionarios públicos innecesarios ni financiaría todo el lujo, derroche y pérdidas en las empresas y monopolios estatales, los créditos irrecuperables y los subsidios y privilegios que el gobierno transfiere a sus amigos. Es inhumano cargar todo el peso del gigantismo estatal, clientelismo, proteccionismo y corrupción sobre millones de seres pobres.
Los estatistas alegan que los países pobres no pueden limitar su gasto al 10% del PIB. Pero es todo lo contrario. Los países ricos pueden gastar 30% o más del PIB, sin que ello frene mucho sus economías. Pero los países pobres no pueden darse ese lujo. Para crecer y prosperar necesitan gastar lo menos posible y que sus impuestos sean tan bajos que hasta los más pobres puedan pagarlo sin necesidad de operar sus negocios en la clandestinidad y permitiéndoles ahorrar.
La informalidad, que en América Latina alcanza hasta 70% de algunas economías, es un sistema inhumano producto de la ignorancia, los privilegios y la falsa caridad del estatismo. A Europa y EEUU, que hace 200 años sufrían de pobreza y atraso mayor que la que viven hoy nuestros países, les hubiera sido imposible progresar si sus gobiernos hubieran gastado más del 10% del PIB y si sus impuestos provocaban la evasión, en lugar de promover la creación y acumulación de capital, único redentor de la pobreza en el mundo.
El gigantismo estatal y el mercantilismo han condenado a nuestros pueblos a un círculo vicioso de pobreza. La informalidad dificulta la inversión, la creación de empleos y los aumentos de productividad, dado que se sustenta en la coima y la evasión. Pero las grandes empresas extranjeras que quisieran invertir si bien suelen pagar coimas no pueden evadir impuestos. A pesar de ser más eficientes que las industrias locales, no pueden competir con la informalidad. Lo mismo ocurre a la empresa nacional que trata de modernizarse.
Para atraer grandes inversiones e incrementar la producción es indispensable reducir a un mínimo los impuestos y eliminar la informalidad. Por eso, únicamente el drástico recorte del presupuesto gubernamental fomentaría una economía realmente humana, en la que todos puedan conseguir empleo, cuidar de sus familias y progresar.