Nos gustaría poder decir que Zapatero ha tomado la primera medida liberal desde que llegó al gobierno hace año y medio. La prohibición a Madrid de emitir en analógico un segundo canal autonómico podría leerse como un esfuerzo para limitar el gasto público del gobierno que dirige Esperanza Aguirre, para que así se compense el dinero desaparecido en la liquidación de impuestos. También como un noble esfuerzo de limitar la manipulación informativa a costa del dinero de los contribuyentes.
Pocas cosas demuestran tan a las claras la poca justificación del papel elefantiásico del Estado como los medios de manipulación públicos. No hay razón alguna, ni moral ni de utilidad, que excuse a las distintas administraciones por emplear el dinero que nos cogen bajo amenaza de cárcel para crear altavoces que canten sus alabanzas. No hay razón alguna, que no sea obtener un rendimiento en votos, para “sacarles impuestos a los obreros que trabajan en Villaverde o en Martorell, si cuando encienden las otras televisiones les dan lo mismo y no lo pagan”, como decía Fernández Ordóñez el año pasado. De ser liberal esta medida, no se habría limitado a prohibir la emisión de un segundo canal en Madrid: habría legislado cerrar o privatizar todos los canales televisivos nacionales, autonómicos y locales.
Desgraciadamente, los madrileños no nos vamos a ahorrar un duro tras esta decisión, pues “La Otra” ya se produce y emite como canal digital. Tampoco parece, viendo el boletín socialista que se emite a diario en TVE, que Zapatero tenga ninguna intención de reducir la manipulación informativa. Sin embargo, es perfectamente coherente con el empeño del gobierno nacionalista de Moncloa de negar el pan y la sal a la comunidad regida por Esperanza Aguirre. Además de reducir la parte de los impuestos que ha de cobrar el gobierno regional mientras aumenta la de otras autonomías como la catalana, el ejecutivo de Zapatero ha hecho todo lo posible para que Mintra compute como deuda en lugar de inversión, ha disminuido las inversiones previstas en infraestructuras y ha dado agua embalsada en Madrid a Castilla-La Mancha; amén de desaires institucionales como evitar invitar a la presidenta o recibirla en Moncloa con más de dos meses de retraso.
Mientras las inversiones desaparecían en Madrid y aparecían en Cataluña, la negativa a la emisión en analógico del segundo canal madrileño contrasta con el hecho de que esta última cuente con tres canales. O que tanto otras comunidades como el mismo gobierno nacional cuenten con dos canales a su servicio. Aprobar una ley para impedir conceder algo que se solicitó antes de que el Parlamento legislara parece un uso torticero e ilegal de las instituciones. Pero quizá se podría perdonar si a cambio cerrara La 2 y todos los segundos y terceros canales autonómicos. Soñar es barato; mucho más que esas televisiones.
