Que las cuentas de la sanidad pública son un serio problema nadie lo pone en duda. Que la forma de resolverlo sea aumentar los impuestos resulta, en cambio, más que discutible.
El origen del problema reside en una de las poblaciones más envejecidas de Europa, en un gasto en medicamentos que crece de manera irracional y desorbitada y en la gratuidad de la sanidad pública para los inmigrantes, todo ello aderezado con políticas de algunas comunidades autónomas que lo único que han hecho ha sido incrementar todavía más los gastos si cabe. Ahí está el caso de Cataluña, que paga unos sueldos disparatados al personal sanitario, o Andalucía, que se opuso de lleno a las medidas para tratar de racionalizar el gasto farmacéutico que, en su momento, puso en marcha el Gobierno del PP. Todo ello ha conducido a un importante agujero en las cuentas de la sanidad pública. Pero la forma de cerrarlo no es subir los impuestos porque esa medida es pan para hoy y hambre para mañana.
Donde hay que incidir es en los elementos que impulsan el gasto sanitario al alza, por ejemplo, introduciendo el copago en las consultas médicas y en la expedición de recetas, con el fin de frenar el crecimiento explosivo del gasto en medicamentos. Y si no basta con ello, o no se quiere poner en marcha esta política porque resulta impopular, siempre se puede acudir a otras medidas para racionalizar el gasto sanitario. Y, en última instancia, lo que se puede reordenar es el conjunto del gasto público de las autonomías para destinar más recursos a la sanidad -la competencia en el ámbito de la salud pública es de los Ejecutivos regionales-, por ejemplo, poniendo fin al crecimiento indiscriminado e innecesario en el ya de por sí elevado número de funcionarios públicos autonómicos. Pero el Gobierno de Zapatero no quiere nada de esto, bien por que resulta impopular -¿acaso no lo es también subir los impuestos?-, bien porque, en última instancia, lo que pretende el PSOE es incrementar el peso del sector público en la economía y, de esta manera, aumentar su grado de control sobre la sociedad.
Subir impuestos es lo fácil; lo difícil es llevar a cabo reformas estructurales en el gasto público sanitario, que es lo que ha renunciado a hacer el Gobierno con lo que ha cometido un importante error. El incremento en los impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco y la electricidad y la autorización a las autonomías para que hagan lo mismo con el de hidrocarburos y con otros tributos lo único que va a crear son problemas de inflación y de más pérdida de competitividad de la economía española, una pérdida que deja patente mes tras meses un enorme déficit comercial exterior, el segundo más importante del mundo después del de Estados Unidos. Esto va en contra abiertamente del mensaje que los socialistas no han hecho más que repetir hasta la saciedad desde que comenzó esta legislatura: la necesidad de frenar el deterioro de la competitividad de la economía española. Pues bien, ese deterioro no sólo no se va a frenar sino que va a ir a más gracias a medidas como ésta.
Pero es que, además, el hecho de que el Gobierno actúe como lo está haciendo lo único que crea son incentivos para que las autonomías no resuelvan sus problemas financieros. Cuando hay problemas, el Estado no pone dinero directamente para resolverlos, pero se lo da a las comunidades autónomas a través de subidas de impuestos, que viene a ser lo mismo, y entre unos y otros, la casa sin barrer. Después de esto, ¿quién va a decirles a las autonomías que pongan en orden sus cuentas y no despilfarren el dinero público cuando, al menos mientras Zapatero siga siendo presidente, saben de sobra que el Gobierno central acudirá en su auxilio?
Lo peor de todo resulta el desprecio manifiesto que hace el Gobierno de Zapatero de los ciudadanos y sus intereses. El Ejecutivo está para gobernar, y eso significa tomar medidas, por impopulares que sean, para resolver los problemas. Esto es lo que dice la teoría. Pero la práctica de Zapatero y los suyos, por lo que acaban de demostrar, es que si hay un problema, que paguen los contribuyentes. Así, la política económica española ha pasado de las reformas estructurales del PP, que tan buenos resultados han deparado en todos los sentidos, a la estrategia de meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes para solucionar los problemas que crean los propios políticos, y el del déficit de la sanidad pública es uno de ellos. Así es que ya pueden apuntarse todos el nuevo lema de política económica del Gobierno –¡a pagar!–, porque es lo que nos espera a partir de ahora, después de ocho años acostumbrados a que los impuestos bajasen.