El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska tomará declaración en los próximos días a siete miembros del Partido Comunista de las Tierras Vascas por su presunta vinculación con la banda terrorista ETA. ¿Hemos de alegrarnos? Sin duda, tal y como están las cosas en este país en trance de perder el nombre y la sustancia y que gusta de cercar con pullas e indiferencia a los guardianes de la sensatez y el sentido común. Que se lo digan al vilipendiado Francisco José Alcaraz, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo: sin él y los suyos Marlaska no podría estar cumpliendo con su deber. Alcaraz, optimista pese a todo, ya se mostró confiado en que “el sentido común triunfaría” cuando el magistrado decidió, en julio, admitir a trámite la querella de la AVT contra el PCTV.
Si éste fuera un país gobernado por adultos –por utilizar la celebrada expresión de nuestro columnista José García Domínguez– no habría motivo alguno para la satisfacción, pues duele constatar que nos encontramos ante el deprimente espectáculo de un Ejecutivo descolgado –voluntariamente– del ritmo que marca... no el Poder Judicial, sino un juez a quien el Ministerio Público desasiste. Con ser esto grave, más lo es ponerse en lo peor, es decir, en que el presidente Zapatero responda a los renovados llamamientos en pro de la ilegalización de la última franquicia de ETA asumiendo el papel del Bartleby de Melville, que a todo respondía con un lapidario: “Preferiría no hacerlo”. Lo secundan y remedan el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y el ministro de Justicia, Juan Fernando López-Aguilar. Por cierto, este último rechazó comparecer ante el Parlamento después de la admisión a trámite de la querella de la AVT contra el PCTV porque no había, a su entender, “ninguna novedad” en lo relacionado con los vínculos entre ETA-Batasuna y la franquicia llamada "de las Nekanes". ¿Qué dirá ahora?
Cabe ponerse en lo peor porque este presidente nuestro por accidente está, desde que llegó al poder, empeñado en desbaratar la política que puso a ETA en los peores momentos de su historia. En tender la mano a todos menos al PP, en dialogar con los asesinos y con quienes tienen por meta la desmembración de España. Está, en fin, metido en la tarea de demoler el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que no se cansó de prohijar cuando estaba en la oposición, y en meter palos entre las ruedas de la Justicia cuando a algún magistrado le da por cumplir con su deber.
Habremos, pues, de administrarnos la alegría con cautela. Porque la obra de ZP en los meses que lleva de Gobierno se refleja en el panorama que padecemos: los proetarras crecidos y los parlamentarios vascos de la última franquicia de ETA disfrutando de la condición de aforados (Marlaska no les podrá hincar el diente, sólo el Supremo), con el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado haciendo alardes de tancredismo y con el jefe del Gobierno preparando la próxima reunión con el lehendakari Ibarretxe, que le pedirá el acercamiento de los presos, la legalización de Batasuna y el diálogo con los que no se arrepienten de su historial asesino.
Aunque prefiriera no hacerlo y dar la razón a todo el mundo, Zapatero tendrá que elegir entre Ibarretxe, Otegi, las franquicias de ETA y Carod o el sentido común, la Justicia y las víctimas de ETA, entre las que, recordemos, no eran pocas las que militaban en su propio partido. Pero para que el sentido común triunfe no basta con el voluntarioso empeño del vilipendiado Alcaraz. En este caso hace falta también que los beneficiarios de su victoria enarbolen convencidos y sin pedir perdón el estandarte de la decencia.