Es extraño lo ocurrido con la querella contra siete dirigentes del PCTV. El juez Grande-Marlaska ve un posible delito de colaboración con banda armada donde la Fiscalía no ve ningún tipo de actividad delictiva. Pero de lo extraño pasamos a lo increíble cuando recordamos que la querella fue interpuesta por la AVT y que el Ministerio Público nunca la ha apoyado. Es decir, que la Fiscalía, entre cuyas funciones se encuentra la defensa de la legalidad, entiende que no hay ni un previsible delito de colaboración con banda armada en la actuación del PCTV.
Desde luego, es difícilmente comprensible esta actuación de una Fiscalía que, no debemos olvidarlo, se encuentra sujeta a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Este principio puede chocar en casos como el actual con el más arriba citado de defensa de la legalidad. Más si vemos que desde el primer momento ni Conde Pumpido ni el Gobierno quisieron actuar contra el PCTV-EHAK, dejándole presentarse a las elecciones vascas cuando tenían todos los resortes legales abiertos —vía Ley Orgánica de Partidos Políticos y Ley Orgánica del Régimen Electoral General— para impedirles que concurriesen. Y eso que es de puro sentido común entender que la marca PCTV-EHAK no es más que la sucesora de HB, de Batasuna y de ese intento fracasado denominado Aukera Gustiak.
