El segundo informe elaborado por la comisión de investigación de accidentes aéreos sobre el sinistro de los dos helicópteros Cougar en Afganistán descarta tanto la posibilidad de un ataque como de un fallo técnico. El Ministro de Defensa dio a conocer este informe, con su habilidad característica, el día anterior a la comparecencia del presidente Rodríguez Zapatero para informar de la muerte de 17 soldados españoles por la causa de su Alianza de Civilizaciones.
El Gobierno se ha amparado en este segundo informe para eludir cualquier responsabilidad política en la muerte de nuestros soldados. Descartado el ataque y el fallo técnico, el único responsable sería el piloto del helicóptero que cometió un terrible error que pagó con su propia vida y la de sus diecisiete compañeros. Esta interesada conclusión del Gobierno nos parece tan incierta como injusta para los soldados que murieron.
El Gobierno es responsable político de esas muertes porque su presencia en Afganistán formaba parte de la dote que el Ministro de Defensa español había ofrecido en su triunfal visita a Washington al Secretario de Defensa estadounidense para facilitar el ansiado encuentro de Bush con Zapatero.
El Gobierno es, además, responsable político de esas muertes, porque no dotó a los helicópteros de los sistemas de detección de misiles que exige un teatro de operaciones tan sumamente arriesgado como Afganistán y del que disponen la práctica totalidad de las aeronaves desplegadas en ese país. La carencia de ese sistema de protección hace que nuestros helicópteros deban volar tan sumamente bajos que el riesgo de un accidente es tremendamente alto.
