El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado, en un auto ya recurrido por la Fiscalía, la búsqueda y captura de los militares estadounidenses que se vieron implicados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso. Y, como es natural, destacados dirigentes socialistas le han aplaudido por tan osada acción. Osada, diría yo, porque su atrevimiento en el plano jurídico sobrepasa todos los límites imaginables.
Cabe recordar aquí que la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge que “será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española…”, como genocidio, terrorismo y otros. No parece que estemos ante un delito de genocidio ni ante un delito de terrorismo, con lo que no veo la relación entre lo que, como mucho, no pasaría de un homicidio imprudente, y un posible delito de, pongamos por caso, terrorismo.
En cualquier caso la orden de búsqueda y captura puede que no llegue a cursarse gracias al recurso que ha interpuesto la Fiscalía y a que será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que habrá de resolver esta situación en las próximas semanas. Pero en el caso de que la orden de búsqueda y captura fuera notificada a la Interpol el problema no se lo crearíamos a los Estados Unidos –puesto que es evidente que no van a hacer mucho caso a nuestra petición–; sí, en cambio, a los países de la Unión Europea, en donde ya se encuentre en vigor la Ley Orgánica sobre la orden europea de detención y entrega, puesto que, de acuerdo con esta ley, la entrega de los soldados estadounidenses sería automática –después de un procedimiento urgente, que no tiene porque durar más de 40 días–, sin que el país que se encuentre en esa desagradable situación pueda evitar su entrega a las autoridades españolas. Y lo peor es que sus jueces no podrían ni discutir sobre el hecho delictivo por el que le ha llegado la solicitud de entrega, tan sólo cumplirla si se encuentra acorde con las formalidades mínimas exigidas.
