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Agapito Maestre

Toma en consideración

si el PP no hace una enmienda clara y distinta a la totalidad del Estatuto, no sólo estaría en contradicción respecto a su actual forma de proceder, sino que también estaría traicionando a la ciudadanía defensora de la Constitución

La toma en consideración que haga el PP sobre el Estatuto de Cataluña en el pleno del día 2 de noviembre será fundamental para el futuro de la democracia. Mal haríamos si no fuéramos contundentes, o suspendiéramos el juicio, a la hora de valorar la decisiva importancia que tiene la posición del PP en la Comisión Constitucional, que deberá discutir el proyecto de Estatuto de Cataluña. Muchos creadores de opinión, sin embargo, están escondiendo su parecer, o peor, aproximándose de un modo tan indirecto al asunto que uno diría que tienen miedo al ejercicio de la ciudadanía.
 
Sin embargo, hay que darla y, sobre todo, intentar justificarla, porque de ello depende la calidad de nuestra democracia. Lo peor de todo es acobardarse ante el envite de los totalitarios, de los dogmáticos, que ya están acusando al PP de los peores males, especialmente de la falta de talante dialógico, si éste no participa en el tramposo proceso preparado por Zapatero y los nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Tampoco nos pueden asustar los motivos, nunca las razones, de los grandes medios de comunicación sobre el asunto. En cualquier caso, reconozco que de la pericia del PP en general, y de Rajoy en particular, para administrar este asunto dependerá la viabilidad de nuestra democracia en el futuro.
 
Esperemos que la respuesta, en todo caso, no sea tan interesada y parcial como la ofrecida por buena parte de la prensa española, que ha olvidado que la democracia es antes que nada un método, o mejor, el respeto a unos procedimientos ecuánimes para llegar a consensos. Sí, mil motivos, mil “explicaciones” “justificadoras” de intereses no generales, hallaremos en todos los periódicos que ya han decidido sobre el tipo de debate que debe iniciarse en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados sobre el nuevo Estatuto de Cataluña. La agenda, el tiempo y la manera de actuación del PP en el Congreso parece que ya han sido determinadas por cuatro medios de comunicación. Para El País, ABC, El Mundo y La Vanguardia, para qué citar más, el PP tiene que participar en el debate presentando enmiendas parciales para legitimar el Estatuto de Cataluña.
 
Lo grave del asunto es que ninguno de estos periódicos tiene dudas sobre este consejo absolutamente antidemocrático. Su voluntad es tan antidemocrática que no quieren entrar en analizar las reglas del debate. No quieren percatarse de que las reglas determinan el fin de la discusión. No quieren ver que aconsejar a alguien que participe en un debate sin que tenga en cuenta las condiciones y los procedimientos del debate es una canallada. A quien no le importa las reglas de la democracia, sin duda, no le importa la democracia.
 
El déficit democrático de nuestra prensa es alarmante. Comprensibles son las posiciones de El País y La Vanguardia porque son periódicos al servicio del socialismo y el nacionalismo respectivamente. Más difíciles de entender son las posiciones de El Mundo y ABC, aunque si recurrimos a las motivaciones, siempre de carácter particular y, casi siempre, enfrentadas a la racionalidad de los intereses generales, las cosas son meridianamente “explicables”. En efecto, El Mundo tiene su lógica, porque cree que la participación del PP en la Comisión le ayudará a vender más periódicos. También ABC cree, siguiendo la lógica meliflua de llevarse bien con todo el mundo impuesta por la línea editorial, que si el PP participa en la bronca cotidiana de la Comisión Constitucional, venderá unos pocos ejemplares más. ¡Qué pena de prensa! Prefieren lo fácil antes que pensar criterios fuertes y sensatos de defensa de la Constitución y la democracia.
 
El oportunismo de los medios de comunicación, sin embargo, no debería ofuscarnos para ocultar la realidad: si el PP no hace una enmienda clara y distinta a la totalidad del Estatuto, no sólo estaría en contradicción respecto a su actual forma de proceder, sino que también estaría traicionando a la ciudadanía defensora de la Constitución.

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