Cuando el miércoles 2 de noviembre se produzca el debate de toma en consideración del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, habrá que poner los relojes de la Transición española a cero. Sonriente, vacuo pero sin moverse un ápice del rumbo por él marcado, el presidente del Gobierno se desdecirá a sí mismo cuando 275 días antes, en el mismo hemiciclo y con los mismos diputados rechazaba el Plan Ibarretxe con el argumento de que “la relación del País Vasco la decidirán todos los vascos, no la mitad y todos los españoles”. El giro del jefe del Ejecutivo durante el día de Difuntos para que la relación de Cataluña con el resto de España no la decidan todos los españoles –titulares únicos de la soberanía-, se convertirá, de facto, en el día D del cambio de Régimen y supondrá, por ende, la victoria de Perpiñán y de la ETA, verdaderos artífices de la Segunda Transición.
La primera andanada contra la Constitución fue rechazada el 1 de febrero por 313 diputados, es decir por los presidentes del Gobierno y del Partido popular y sus respectivos partidos fundamentalmente pero también por Coalición Canaria, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista. Hubo seis ausencias y dos abstenciones. El próximo día del debate de la difunta Constitución y de la difunta España, todos los partidos del arco parlamentario y lo que es más grave, abanderados por el inquilino de La Moncloa y su formación política, centrarán sus críticas no en la barbarie anticonstitucional del proyecto catalán sino en el PP y en su presidente. Ausencias aparte (dato interesante a controlar), el Congreso en un giro copernicano cuyo único responsable es Zapatero, aprobará para Cataluña lo que negó al País Vasco. Mariano Rajoy se convertirá en el único responsable político de la Cámara que defenderá sin recovecos ni maquillajes la legalidad constitucional y la Nación española, una situación sin precedentes en la reciente historia de la democracia.
Pero nada le vendría mejor al Gobierno, al Partido Socialista, a sus socios y a los mismísimos pistoleros de ETA, que un PP cerrado en banda, inmovilista e intolerante con las reglas de juego cuyo fraude auspiciado por el responsable de quien debería ser su principal valedor pasará a los anales de la Historia. La histórica votación del palacio de la Carrera de San Jerónimo supondrá también el empujón y el envalentonamiento de los artífices de la campaña -sellada hace dos años en Perpiñán- de acoso y derribo contra el partido de la calle Génova y contra quienes le apoyan.
