En el reciente artículo de Recarte sobre el Estatuto puede verse palpablemente el mal que nos acucia: un izquierdismo generalizado que llega a teñir a todos los partidos y sectores de la opinión, incluso los que se dicen de centro-derecha (ya sabemos que de derecha nadie se confiesa). Así, en resoluciones prácticas, las que afectan a la vida de los ciudadanos, no hay apenas diferencia entre CIU e izquierda Unida.
De momento, afortunadamente, parece –sólo parece– que el PP mantiene una defensa de la libertad económica, pero sin que falten inquietantes manifestaciones de sus miembros a favor del intervencionismo. (Véase, por ejemplo, el encomiástico artículo sobre China del diputado Lasalle y la dura réplica de Recarte). Hay que reconocer que es una posición casi heroica, pues hasta la Iglesia está trufada de protocomunistas y libertadores que olvidan continuamente la doctrina oficial de Roma.
¿Efecto retardado de la LOGSE? ¿Incuria de esta generación de políticos? Posiblemente, una combinación potenciada de estas y otras razones, que no son privativas de España, por cierto...
El caso es que la opinión pública, más ineducada que nunca, ve con absoluta complacencia que los poderes se reserven, legalmente, capacidades innumeras para distorsionar todos los mercados. Al decir todos, quiere decirse que es un paso atrás sobre lo que se venía padeciendo hasta ahora, que era una capacidad reconocida (pero en retroceso) para distorsionar algunos, como el mercado de trabajo. Pero la nueva generación iletrada (Zapatero et Al.), aliada con la no menos inculta anterior (Maragall), han decidido atacar a lo que queda de civilización liberal a lo grande, cediendo al Estado la palanca de todos los mercados, incluido el más importante para la libertad, el de la propiedad.
En efecto, desde el momento en que las Cajas pasen, como está programado, a depender directamente del poder político, nadie podrá evitar que asistamos a la expropiación de cualquier empresario incómodo; y lo que es seguro es que toda suerte de presión económica será ahora posible. Este riesgo estaba latente desde la transición, y como tantas otras cosas se ha mantenido latente gracias a que, salvo dos legislaturas del PP, hemos tenido un débil gobierno de UCD (con sus reflejos populistas) y 16 años de gobiernos directamente socialistas, que no se han privado de expropiar escandalosamente (Rumasa; Antena 3, etc.). Ahora, gracias a Maragall & ZP, Mas & Carod, Llamazares & Cía, etc... tenemos ya montada la espoleta en Cataluña, pero con la sana intención de extender la explosión a toda España.
Supongo que hay legión que están dispuestos a discutir la afirmación anterior: “incluido el [derecho] más importante para la libertad – el de la propiedad”. Pero es que ese, me temo, es el problema raíz de todos los males: que en la opinión de la mayoría, incluso de grupos que, como CIU, lo tienen (supongo) como una de sus bases fundacionales, no tiene peso alguno la propiedad como condición “sine qua non” de la libertad. Curioso, aparentemente, en un país donde un porcentaje tan alto de las familias tiene en propiedad pisos y pequeños negocios. Si los españoles percibieran, atisbaran, lo que van a valer esas propiedades si se cumplen los planes de esos sujetos a los que votamos...¡Ah!, Pero no se considera tan respetable la propiedad de una gran empresa; de alguna forma, no se borra la difusa opinión de que “algo habrán hecho” para llegar a tener esa fortuna. Todo esto no puede decirse que sea exclusivo nuestro: sucede hasta en EEUU, según revelan las encuestas. Pero para eso están las leyes: para proteger. Y para eso están las constituciones, y los quórum mínimos, y los dispositivos que nosotros no tenemos: para proteger las leyes. Esto no exculpa a los nefastos políticos de hogaño, pero dice poco a favor de los que hicieron la Transición... Y así estamos asistiendo al desmantelamiento del Estado, supuesto protector, desde el mismo Estado, por una sutil vía camuflada de simple reforma de un Estatuto... que no será más que el inicio de una explosión en cadena.