La Comisión Nacional de la Energía acaba de dar a luz un polémico informe acerca de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, en el que da el visto bueno a la operación y afirma, además, que no ve problemas de competencia en el sector energético relacionados con esta operación. Es curioso que el mismo día que la CNE deliberase sobre este asunto, el presidente de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, realizara la misma afirmación en su comparecencia en el Parlamento. Eso para que luego digan que en todo este asunto no anda la política de por medio. Pero entremos en materia.
En primer lugar, la Comisión Nacional de la Energía no es quien para decir si tal o cual operación de concentración en el sector que regula plantea o no problemas de competencia. Esa no es su función. Lo suyo es pronunciarse sobre si afecta o no al abastecimiento energético presente y futuro, a la ejecución de las inversiones previstas, etcétera, no si es cuestionable o no desde el punto de vista de la política de competencia porque para manifestarse al respecto ya está tanto el Tribunal de Defensa de la Competencia nacional como los autonómicos de aquellas regiones afectadas de una u otra forma por la OPA, todos los cuales tienen la obligación legal de emitir sendos informes no vinculantes al respecto, lo mismo que el de la CNE, como paso previo para que el Gobierno tome una decisión final. Pero la CNE no ha respetado ese reparto de competencias y se ha metido en terreno ajeno para tratar de deslegitimar la opinión de los tribunales de la competencia que están estudiando el caso, lo mismo que Miguel Sebastián, uno de los miembros del Ejecutivo que más se ha postulado desde el principio de la legislatura a favor de esta operación y que más desea cambiar a los presidentes de las empresas privatizadas nombrados en los tiempos del PP en el Gobierno.
Si alguien tiene alguna sospecha acerca de las intenciones de la CNE no tiene más que ver que su informe dista mucho del de los técnicos de la propia Comisión, conocido hace unos días también y mucho más crítico con la OPA; o contemplar que la Comisión ha aprobado su informe con los votos a favor del vocal de CIU y ERC y los tres del PSOE, entre ellos Maite Costa, presidenta de la CNE y ex diputada del PSC-PSOE, cuyas actuaciones desde que empezó todo se han decantado de forma descarada del lado de Gas Natural. De hecho, no olviden que la gasista catalana controlada por La Caixa, ha esperado precisamente hasta la llegada de Costa a la Comisión para presentar la OPA y que sus directivos, cuando se les preguntaba antes del 5 de septiembre, el día de la presentación, por posibles nuevos intentos de hacerse con una eléctrica siempre decían que esperarían hasta la conclusión del mandato de Pedro Meroño, que vetó la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola, porque su sustitución abriría el camino para un nuevo intento. ¿Cómo lo sabían?
Pero es que, además, hay una razón por la que la CNE debería haber prohibido la OPA. Cuando el regulador del sector energético vetó la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola, una de las razones más importantes que adujo para manifestarse en contra fue que estaban en peligro las inversiones comprometidas tanto en el desarrollo de la red eléctrica y la capacidad de generación como de la red de gas natural. ¿Ha cambiado algo desde entonces? No en lo sustancial. En el sector eléctrico se han llevado a cabo importantes inversiones pero todavía queda mucho por hacer. En cambio, en el del gas, la red dista mucho de estar desarrollada. De hecho, a estas alturas, apenas el 30% del territorio nacional cuenta con red de gas, a pesar de que el Gobierno del PP aprobó una retribución muy generosa, vía tarifa, para las actividades de distribución de gas de la que no disfruta la distribución eléctrica y, encima, ahora el ministro de Industria, ese José Montilla que consiguió que La Caixa –dueña de Gas Natural– condonara un importante crédito al PSC-PSOE, acordase recientemente una nueva e importante subida de la tarifa del gas. Todo ese dinero que ha recaudado Gas Natural vía tarifa de los hogares y las empresas españolas para desarrollar la red de gas, lo va a dedicar a lanzar una OPA sobre Endesa a costa de todos los consumidores de gas de este país, que son quienes la van a pagar a la fuerza, y de aquellos otros a quienes les gustaría tenerlo pero que van a tener que esperar a que Gas Natural deje de gastar esos recursos para otros fines.
¿Qué ha dicho la CNE al respecto? Nada de nada, cuando debería haberse pronunciado alto y claro en contra. ¿A quién sirve la Comisión? ¿A quién Maite Costa? Me parece que Miguel Sebastián lo ha dejado muy claro y los españoles, las familias y las empresas, lo vamos a pagar, y muy caro.