Queridas primas: Lamento daros una mala noticia en estas fechas, pero afecta a los planes que tenían dos de vuestros hijos de regresar a Galicia y trabajar aquí. La ha anunciado el propio presidente del gobierno autonómico y, por tanto, colijo que va en serio y que irá a más. Se trata de que, a partir de ahora, en las oposiciones a funcionarios de la Xunta, las pruebas se realizarán sólo en gallego. Sé que le tenéis un gran cariño a Galicia y al gallego, y que ellos conocen los rudimentos del idioma, pero me temo que no podrán afrontar un examen en igualdad de condiciones con quienes lo tienen como primera lengua.
Imagino vuestra decepción tras las esperanzas que os habían dado los nuevos gobernantes, cuando anduvieron haciendo campaña por esas tierras, al prometer que facilitarían los procesos de retorno. Si Oscar y Daniela quisieran probar suerte en el sector privado no os diría nada, pero ingresar en la administración pública, como se proponen, entraña esta dificultad añadida. Ya resultaba discriminatoria la exigencia de conocer las lenguas regionales que han impuesto para acceder al funcionariado, pues la Constitución garantiza el derecho a hacerlo en condiciones de igualdad, pero este tipo de barreras no han dejado de crecer, y con el gobierno de socialistas y nacionalistas que tenemos, se volverán auténticos muros.
No sé si estarán dispuestos vuestros hijos a invertir tiempo y dinero en el aprendizaje del gallego oficial. A ellos y a vosotros toca valorarlo. Ahora bien, no esperéis que una autoridad superior vaya a tomar cartas en el asunto. Hasta hoy, los gobiernos autonómicos han hecho y deshecho a su gusto en política lingüística, que llaman de “normalización”, pasando olímpicamente de lo que establecen la Constitución y los Estatutos de Autonomía, y de las sentencias que han dictado los tribunales, sin que nadie los obligara a rectificar.
Así está el patio en España. Aún no es el de Monipodio, pero todo se andará. Las Comunidades con lenguas propias excluyen al español de ese concepto, como si muchos de sus habitantes no lo hablaran desde hace siglos. La lengua se ha convertido en elemento de discriminación, en instrumento político y en sujeto de derechos, como si los ciudadanos estuvieran al servicio del idioma y no al revés. Se desprecia la utilidad de disponer de una lengua común y se dificulta la movilidad de las personas. Mudarse de una región a otra conlleva en muchos casos la obligación de mudar de idioma. Y esta dinámica, que apunta a devolvernos a la inmovilidad, la cerrazón y la endogamia de las sociedades medievales, la comparten la mayoría de los partidos y quienes dicen defender los intereses de los trabajadores: la exclusión del español de las oposiciones en Galicia, la han propuesto ¡los sindicatos! Sólo unas pocas voces, como la de la Asociación Gallega por la Libertad de Idioma, se atreven a alzarse en contra. Y es que al que denuncia estos abusos lo condenan al ostracismo, colgándole el sambenito de “antigallego”, “anticatalán”, “antivasco”, etc. Ya sabéis lo que decía el doctor Johnson.