A estas alturas, el cariz político de la OPA que Gas Natural ha presentado sobre Endesa con ayuda de La Caixa y la complacencia del PSOE y sus socios nacionalistas, no es un secreto para nadie. El Gobierno, sin embargo, lejos de intentar fingir manteniéndose a prudente distancia de la operación, conforme van pasando los meses muestra más a las claras su postura abiertamente favorable a una de las partes.
Ayer, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), presentó un generoso informe en el que advierte al Gobierno de los efectos sobre la competencia en el sector energético que tendría una concentración como la que se está fraguando. Porque, aunque los medios afines al Gobierno traten de disfrazarlo como una mera y ordinaria operación bursátil, el hecho insoslayable es que Gas Natural es la primera empresa gasista de España, y Endesa la principal eléctrica. Esto, que es de sentido común y que los firmantes de Tinell tenían bien claro cuando perpetraron su acuerdo hace más de dos años, parece que no termina de cuajar entre la opinión pública.
Como bien apunta el TDC, órgano cuyo cometido es velar por la competencia y evitar que se formen monopolios, un grupo energético formado por Gas Natural y Endesa alteraría “gravemente la dinámica competitiva existente actualmente en los mercados de gas y electricidad”. No puede ser de otra manera cuando los líderes en ambos sectores pasan a ser uno. Poco importa que a la CNE le parezca una operación óptima, y más teniendo en cuenta el grado de control del Gobierno sobre esta comisión, porque, que dos empresas que operan en el mismo sector se fusionen, es algo sobre lo que el TDC tiene mucho más que decir.
El Gobierno, por lo tanto, ha de priorizar el informe –que no es vinculante– emitido por el TDC sobre el plácet interesado de la CNE. Por una cuestión obvia, el TDC es el único organismo encargado de elevar directamente su informe al Gobierno cuando se tratan cuestiones de competencia. En ello ha insistido el presidente de la eléctrica, Manuel Pizarro, aunque creemos que su esperanza de que el Gobierno cambie de postura y prohíba la absorción es en vano.
Todo huele mal en esta anómala y politizada operación. La mayor pestilencia proviene, curiosamente, del lado del Gobierno, especialmente, del correspondiente a su ministro de Industria. Mejor sería ir pensando en ir gestionando el recurso al Tribunal Supremo aún a sabiendas de que ni eso evitaría que, al final, la cacicada energética llegue a buen puerto.
