Zapatero ha iniciado ya la cuenta atrás de su proyecto político, que esencialmente supone la creación de un nuevo régimen al modo del masónico y mexicano del PRI o del masónico y español de la II República, en los que la oposición era tolerada a condición de que no pudiera llegar al Poder ni siquiera repartírselo con los mandamases perpetuos. Las premisas básicas de este régimen naciente son dos: la aceptación de una legalidad ferozmente dictatorial en Cataluña y la creación de un régimen vagamente confederal en el conjunto de España, término relegado a la retórica mientras las comunidades autónomas dominadas por el nacionalismo antiespañol y la izquierda social-comunista, empezando por el País Vasco, asumen una nueva legalidad semejante a la catalana, es decir, despótica.
Zapatero ya ha asumido el pasado 29 de Diciembre, sólo un día después de la rememoración de la degollina de Herodes, que por ley el conocimiento del catalán sea obligatorio en el ámbito de la Generalidad, propinando un golpe mortal no sólo a la idea de España sino a la de ciudadanía. Al liquidar la nación española como fuente de legitimidad, el Gobierno de Zapatero y su ayo Polanco destruye también la raíz de nuestras libertades, la igualdad de todos ante la ley, la capacidad para cambiar de residencia y de trabajo sin que los hijos deban padecer por ello, la posibilidad de vivir como seres libres en cualquier rincón de España. Mientras la Unión Europea derriba las barreras seculares entre los distintos estados-nación, el más antiguo de todos, que es el español, las levanta en su interior para crear una especie de concurso de dictaduras.
Ya no cabe la presunción de inocencia. Ya nadie puede llamarse a engaño. El PRISOE ha iniciado el cambio de régimen en España y por caminos tortuosamente antidemocráticos. No se consulta al pueblo español sobre la liquidación de hecho de la Constitución que supone el Estatuto de Cataluña. No se consulta al depositario de la soberanía nacional sobre el cambio, mutación o liquidación de la nación Española. No se consulta a la ciudadanía sobre el desmantelamiento del Estado. No se permite opinar al pueblo sobre el fin de la solidaridad económica española. Y en el fondo es lógico. Si a un condenado a muerte le dan la posibilidad de elegir, lo normal es que propugne la detención del verdugo y la liberación inmediata de los presos.
