ZP quería que el Congreso de Batasuna-ETA pasara mediáticamente desapercibido. Sabía que tolerarlo era un precio político más a pagar y, además, por adelantado. Sabía que a los terroristas y sus socios de Perpiñán –que son también los suyos– no les bastaba con lo entregado con el PCTV; que los proetarras querían además burlar la Ley de Partidos a cara descubierta, sin intermediarios, con sus propias siglas, con su propio anagrama de la serpiente. ZP sabía que no les había entregado lo suficiente para esa tregua en pro del separatismo y en pro de que el gobierno del 14M –galgos o podencos– vuelva a ganar, en nombre de la “Paz”, las elecciones.
Todo transcurría bien, sin crispación, hasta que María San Gil, hace una semana, alzó la voz. No encontró eco, sin embargo, ni en los medios de la izquierda ni en los de la derecha. Y eso que Rajoy –dicho sea en su honor– había hecho suya la denuncia. Tan abandonado estaba el tema que un socialista vasco hasta se permitió responderla acusándola de "poner obstáculos a la paz". Tampoco trascendió. Coincidió, además, que una infracción del reglamento militar vino, involuntariamente, a contribuir a la desatención mediática sobre esta clamorosa vulneración de la Ley de Partidos. Desde estas mismas páginas quisimos contribuir al esfuerzo informativo de la redacción. "¿Ordenará el Gobierno del 14M el arresto de Otegui?". No encontramos eco.
La Asociación Víctimas del Terrorismo, a mitad de semana, cambió sus silenciados comunicados de prensa por una denuncia judicial para ver si la Administración de Justicia hacía su trabajo. Las cosas, sin llegar a la crispación, se le empezaban a torcer mediáticamente a ZP y a su talante. Preguntado por la cuestión, hace escasos días en el Ritz, Zapatero se limitó, cínicamente, a decir que "en este tema, la mayoría de las competencias son del gobierno vasco". El presidente del Tribunal Supremo, que tenía la misma constancia que Zapatero de que el gobierno vasco ya había dado un silenciado visto bueno al evento, dijo que "estaba a la espera", que sin el requerimiento previo de la Fiscalía General del Estado o la Abogacía General del Estado –ambas dependientes del gobierno central–, el Tribunal no podía tomar cartas en el asunto. Otros jueces, como el juez Marlaska, se han interesado por el asunto. El fiscal Fungairiño, que ha recordado el carácter ilegal y terrorista de Batasuna, ha dicho también que está a la espera del Fiscal General, Conde Pumpido, el cual siempre está a lo que diga Zapatero.
Con la atención mediática y algunas televisiones informando ya de la Asamblea que los proetarras han convocado desde hace semanas, desde el partido que se increpó a María San Gil, el PSE, Miguel Buen ha tenido la desfachatez de decir que no le constaba que la formación terrorista hubiera convocado ningún congreso.
Peor ha sido, con todo, la última reacción del presidente del Gobierno para justificar la pasividad de su Fiscal General. Y es que, no pudiendo ya evitar que la convocatoria del congreso de los proetarras pase mediáticamente desapercibido, no pudiendo ya excusarse en las competencias del gobierno vasco, Zapatero ha pasado directamente a sostener que "la Ley de Partidos es muy restrictiva" y a afirmar que "hay que respetar los derechos y libertades individuales que están consagrados en la Constitución". Se refiere a los de los proetarras.
Que no nos fiamos para nada de la persona que preside nuestro gobierno, es algo que hemos dejado acreditado desde hace muchísimo tiempo. Aún es posible, sin embargo, torcer sus intenciones –que van mucho más allá–, si lo que queda de España, de su opinión pública, de su maltrecha independencia judicial, sabe reaccionar.
