Los sectores interesados en el vaciado competencial del Estado han interpretado el 50 % del IRPF ofrecido por Solbes como un mínimo desde el que regatear. No creo que sea esa la intención del ministro. Se trata seguramente de un máximo que los negociadores gubernamentales habrán de atemperar mediante concesiones en otras variables. Y las variables más aireadas son la definición nacional de Cataluña (incluyendo el lugar del estatuto donde va a figurar) y la cuestión de la bilateralidad, desde la que el nacionalismo catalán sueña con alejarse de una vez del resto de comunidades autónomas. Claro que, con Rodríguez de por medio, el 50 % puede perfectamente ser un señuelo lanzado a sus barones. Vean si no lo contento que salió Ibarra de la última tenida. La clave no es el porcentaje que se cede sino la manera en que se gestiona el no cedido. Y ahí ya ha exhibido Rodríguez su debilidad, dando a entender que aceptará una especie de consorcio de Agencias Tributarias donde la autonómica tendrá preponderancia.
Por no hablar del marco competencial general, del blindaje impuesto por el tetrapartito y definido por el PP como una LOAPA inversa. Rodríguez Siatodo deja la vía expedita: todo –todo– el poder normativo y ejecutivo relacionado con competencias compartidas quedará en manos de la Generalidad. Lástima que las leyes de bases no estuvieran pensadas para eso, para sugerir lánguidas orientaciones genéricas, sino para garantizar el principio de igualdad mediante una homogeneización mínima y efectiva. Adviértase que la voluntad de reformar la Constitución sin pasar por los cauces constitucionales supera con mucho el tema de la supuesta nación catalana. Aunque éste impregnará todo lo demás, desviando cualquier interpretación en el sentido contrario al pretendido por los padres de la Carta Magna.
Poco importa si se habla de “histórica nación” en el preámbulo o de “nación”, sin más, en el articulado. La distinción entre preceptos normativos y no normativos en el estatuto es una filfa. Una vez establecida la nación en el preámbulo, será forzosa la interpretación de leyes, reglamentos y decisiones en esa clave. Los nacionalistas no están en un debate nominal, como quiso hacer creer el presidente del gobierno, sino en un punto crítico de la construcción nacional, y lo que está en juego es el concepto de soberanía.
