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EDITORIAL

Entre obedecer la Ley o satisfacer a ETA

El cabecilla de los proetarras, Arnaldo Otegui, agradeció el ofrecimiento, pero dejó claro que lo que quieren que el gobierno vasco utilice a su favor, con el objeto de burlar la prohibición, no es ninguna “tribuna”, sino la policía autónoma vasca.

El juez Grande Marlaska, en la parte dispositiva de su impecable auto contra ETA/Batasuna y sus actividades, no sólo ha señalado que es competencia del gobierno vasco y de la Ertzaintza impedir el congreso proetarra previsto para el próximo sábado; ha ordenado, además, al "conjunto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" que informen de "las razones, caso de materializarse, por la que no se ha impedido" la celebración del mismo. El juez advierte que dicha información "deviene relevante toda vez que cualquier actuación tendente a auxiliar su celebración pudiera ser constitutiva de un delito de colaboración con organización terrorista, bien de un delito de omisión del deber de impedir delitos, bien de desobediencia".
 
La advertencia, además de lógica, es tanto o más pertinente si tenemos en cuenta, no sólo las confesas intenciones de Batasuna de celebrar, en cualquier caso, su congreso, sino las ayudas que ya le han brindado a Batasuna los partidos integrantes del gobierno vasco, como Eusko Alkartasuna. Su presidenta, Begoña Erratzi, ya anunció la semana pasada su disposición a "ceder la tribuna" a los proetarras para que pudieran celebrar el congreso en el caso de que la Justicia volviera claramente a impedírselo.
 
El cabecilla de los proetarras, Arnaldo Otegui, agradeció el ofrecimiento, pero dejó claro que lo que quieren que el gobierno vasco utilice a su favor, con el objeto de burlar la ley, no es ninguna "tribuna", sino la policía autónoma vasca. Tal y como dijo entonces Otegui refiriendose a Eusko Alkartasuna, "este partido es parte del gobierno de Gasteiz y, por tanto va a tomar parte en la decisión de cómo utilizar o no a la Ertzaintza si se da el caso de la prohibición".
 
Tenemos, pues, una impecable y justa sentencia de un juez y, por otra parte, una desafiante disposición de los proetarras a no someterse, "en nombre de la paz", al imperio de la ley. La atención mediática a este dilema pone, ciertamente, las cosas más difíciles para no tener dudas de quien, en esta todavía nación gobernada por ZP y los separatistas, se saldrá finalmente con la suya.

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