La Ley Antitabaco, esa antiutopía creada por el gobierno que ataca la propiedad privada prohibiendo fumar en tu propio despacho y arrebata la responsabilidad de los padres al prohibir dar a los niños cigarrillos de chocolate, no vino sola. La cruzada liberticida del gobierno ha ido creciendo y se le han ido sumando grupos de presión.
El 20 de enero, el Consejo de Ministros aprobó una fuerte subida de los impuestos sobre el tabaco en un intento de asfixiar a los fumadores con una nube impositiva. En respuesta a la Ley Antitabaco y al decreto sobre la fiscalidad del tabaco, la tabaquera hispano-francesa Altadis anunció la elevación del precio de sus principales marcas. Sin embargo, en un movimiento empresarial inesperado, Philip Morris informó que bajará el precio de clásicos como Marlboro o Chesterfield. Por primera vez en la historia, Fortuna pasaba a ser más cara que Marlboro. De repente, y como por arte de magia, el consumidor ha visto aparecer un rayo de competencia en uno de los mercados históricamente más intervenidos. Es triste que haya ocurrido en respuesta a sucesivas intervenciones que han dañado gravemente a la industria pero lo cierto es que, una vez agredidos los consumidores y la industria, mejor que aparezca una empresa como Philip Morris aplicando una estrategia de subsistencia a base de competir.
Los estanqueros han reaccionado con la insolencia y el desprecio hacia sus clientes que en una sociedad abierta sólo se puede permitir un grupo privilegiado. Reclaman, cómo no, que el gobierno imponga un precio mínimo de dos euros a todas las cajetillas de tabaco. El martes 31 de enero se reunirán para decidir cómo presionar en defensa de sus propuestas coactivas. Para llevarse el gato al agua a costa del consumidor no descartan negarse a vender las marcas baratas o incluso cerrar sus establecimientos. Esta actitud es realmente intolerable pues, como ya explicara en 1609 Juan de Mariana, “lo mismo es decir poner estanques que pechos (impuestos) pues todo sale a una cuenta, y por un camino y por el otro toma el príncipe la hacienda de sus vasallos”. En este caso son los estanqueros los que toman la propiedad de los consumidores en su condición de privilegiados delegados del príncipe, es decir, del Estado. Es la típica desvergüenza de quienes se creen que su robo, por ser legal, es legítimo.
Que los grupos privilegiados ataquen al consumidor puede entenderse –aunque no aceptarse– pero lo alucinante del caso es que la OCU haya decidido aplaudir la subida de impuestos del gobierno y de Altadis pidiéndole además a la administración que los vuelva a subir. Más que de consumidores la OCU parece ser una organización de palmeros del intervencionismo estatal; la peor de todas las políticas contrarias a los intereses de los consumidores. Estos farsantes han llegado a declarar estos días a través de un portavoz que “la asignatura pendiente de la Administración es subir todavía más los impuestos sobre el tabaco para que la gente deje de comprar”. Sin duda, a los de la OCU se les está cayendo la careta.
En medio de este alucinante ataque a los consumidores de tabaco por parte del estado, del gobierno y de los privilegiados estanqueros, ha surgido una fantástica noticia. LaAsociación Madrileña de Consumidores y Contribuyentes, después de dar la bienvenida a la rebaja del precio realizada por Philip Morris, ha calificado la actitud de los estanqueros como de “amenaza mafiosa”por negarse a vender mientras ostentan la exclusiva de la distribución del tabaco pretendiendo utilizar a los consumidores como “rehenes en una extorsión a la tabaquera americana.” Por si su postura en defensa del consumidor y de la libertad individual no hubiera quedado clara, la AMCC ha declarado por boca de su presidente, Javier Alonso, que “todo esto no es más que la demostración palpable del daño incalculable que ocasionan sobre los consumidores las regulaciones y restricciones al libre comercio, en este caso del tabaco”. La aparición de esta organización es una gran noticia para los fumadores pero también lo es para el conjunto de los consumidores.