Dada la emocionalidad que inevitablemente provoca la serie interminable de insolencias y provocaciones del Iluminado de la Moncloa y sus aliados separatistas y terroristas, es fácil perder la perspectiva general de la situación y caer en disputas parciales que enturbian la visión de conjunto. De hecho viene ocurriendo con el PP. Este partido ya mostró en la última campaña electoral su capacidad para ponerse a la defensiva cuando tenía todo a su favor, arriesgando, aun antes del 11-M, perder la mayoría absoluta e incluso la mayoría. Y ahora ofrece un espectáculo parecido al que Demóstenes achacaba a los atenienses: “peleáis como los bárbaros, que cuando les golpean llevan las manos a proteger la parte golpeada, y cuando reciben un nuevo golpe en otro lugar allí acuden sus manos, porque no saben pararlos ni vigilar la táctica contraria”. Difícilmente cabe imaginar un partido con más razón y más razones de su lado, y tan poco hábil para defenderlas.
La mayor tara de la democracia en estos treinta años ha sido la inaplicación de la Constitución y sus libertades en las Vascongadas y, en menor pero creciente medida, en Cataluña. La asignatura pendiente del régimen consistía en extender a esas regiones la democracia. En 2003 Jaime Mayor Oreja mostró en una clarividente conferencia que sólo una estrategia de fortalecimiento democrático, con aplicación de la ley y las libertades a las Vascongadas y Cataluña, y garantía de sus usos en todo el país, podía consolidar los logros de la Transición. Por desgracia su partido fue incapaz de tomar la iniciativa en esa dirección, y el mismo Mayor Oreja se vio marginado.
La indecisión o el oportunismo del PP han terminado propiciando el actual proceso involutivo: son las formas liberticidas de hacer política impuestas en Cataluña y Vascongadas las que se están imponiendo en todo el país. Ello significa la sustitución del vasto consenso político y popular en torno a la Constitución, por acuerdos intrigantes entre grupos de políticos irresponsables, torpedeando la Constitución mediante hechos consumados. Ninguno de los chanchullos resultantes podrá obtener la lealtad y respeto ganados por la Constitución más consensuada de la historia de España. De hecho estamos cayendo en una política a la latinoamericana, donde los votos se utilizan corruptamente contra la ley y la libertad. Entramos en un nuevo período de inestabilidad, si no paramos a tiempo el proceso.
¿Podemos pararlo? Las fuerzas para ello están ahí, en la sociedad, abrumadoramente superiores a las contrarias. Pues la inmensa mayoría desea, sin lugar a dudas, vivir en una nación unida, democrática y estable, condiciones para asegurar la prosperidad, una influencia adecuada que proteja nuestros intereses en el mundo de hoy, y el desarrollo de nuestra cultura, que ha conocido épocas gloriosas. Pocos españoles, en cambio, apoyarán el plan diseñado por la funesta alianza de demagogos, separatistas y terroristas, que consiste y sólo puede consistir en un “Estado español” impotente, convertido en un amasijo de seudo naciones fundadas en el odio a España, con ciudadanos de primera y de segunda, y la mancha de un terrorismo legalizado en su origen, resentidas entre sí, internacionalmente irrelevantes, peones de las intrigas e intereses de potencias más fuertes, e incapacitadas para afrontar nuevos peligros como los del islamismo radical.
Tal es la elección de nuestros días, después de treinta años de democracia. ¿Será posible desmantelar el artificio de falacias con que la siniestra alianza intenta cegar a la población sobre sus intereses y las consecuencias de tales planes? ¿Será posible superar las respuestas “bárbaras”, como decía Demóstenes, y encauzar la formidable fuerza partidaria de la unidad y la libertad para frustrar los planes contrarios? Es indispensable que así ocurra. Pero ello no depende del PP, o sólo de él, sino de toda la sociedad.