La tentativa de excarcelación de asesinos de ETA con decenas de muertos a sus espaldas ha sido el detonante que ha hecho estallar la indignación de la opinión pública contra la política antiterrorista de este Gobierno. La posición de la Fiscalía del Tribuna Supremo de no oponerse a esas excarcelaciones, en contra de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, ha puesto una vez más en evidencia la voluntad de este Gobierno y de su fiscal general de beneficiar a los terroristas en aras de una pretendida negociación con los asesinos. Es más, aquellos que se oponen a esta voluntad son sistemáticamente depurados de sus puestos.
Pero este hecho es tan sólo la gota que colma el vaso. Antes hay una larga lista de gestos y decisiones que constituyen un pago anticipado a ETA para que suspenda su actividad criminal. La relación es tan extensa que baste con mencionar los tres hechos más significativos. En primer lugar, la decisión de la Fiscalía de no instar la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, en contra de los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que mostraban su vinculación con ETA. En segundo término, la mano tendida del Congreso de los Diputados a ETA, invitándola a una negociación que la banda desprecia por el momento. En tercer lugar, la defensa pública del presidente del Gobierno del derecho de Batasuna a celebrar su congreso en contra del criterio de la propia Audiencia Nacional.
Todas estas cesiones están resucitando a una ETA que se encontraba al borde de la extinción cuando Rodriguez Zapatero llegó a La Moncloa. Gracias a Zapatero los partidos democráticos están más divididos que nunca frente a ETA. La realidad es que hoy ETA se ha convertido en una fuerza decisiva en el Parlamento vasco, Batasuna ha recuperado la presencia política y social en el País Vasco, ETA ha incrementado la extorsión a empresarios vascos y navarros, la kale borroka ha vuelto a las calles, la banda está recomponiendo su capacidad operativa y los terroristas tienen la percepción de que están ganando su guerra a la democracia.
Todo este proceso se está haciendo además de espaldas a los ciudadanos. El Gobierno niega que esté negociando con ETA, pero es cada vez más evidente que existen conversaciones entre el Partido Socialista vasco y Batasuna en las que el nombre de Rodriguez Zapatero no se utiliza en vano. Es en esas conversaciones donde se generan las expectativas de paz que el presidente del Gobierno viene propagando desde hace meses.
Se oculta además la predisposición de Rodriguez Zapatero a pagar un precio político a ETA. ¿Alguien puede creer que después de mil asesinatos ETA va a escuchar ahora los deseos de paz de los españoles? ¿Alguien puede pensar que después de cuarenta años de actividad criminal ETA va entregar las armas por el mero hecho de que se lo pida Zapatero? ETA quiere tres cosas a cambio de perdonar nuestra vida: que reconozcamos el derecho de autodeterminación del País Vasco y la anexión de Navarra; que se la rehabilite en su papel histórico por la libertad de Euskadi y que haya una amnistía final para todos sus presos. Nada nuevo en ETA. Lo único que ha cambiado es que por primera vez en la historia de nuestra democracia hay un Gobierno que parece dispuesto a realizar esas concesiones a los asesinos.
El problema para Rodriguez Zapatero es que existe una inmensa mayoría de españoles que no estamos dispuestos a pagar a ETA ni con nuestra libertad ni con nuestra dignidad. No estamos dispuestos a consentir a ETA que subvierta la voluntad democrática e imponga su proyecto totalitario ni por la fuerza de las armas ni manipulando nuestro legítimo anhelo de paz. Tampoco vamos a permitir que se pisotee la dignidad de nuestras victimas para que después de muertas sean traicionadas con la impunidad de sus verdugos. Por eso Rodriguez Zapatero tiene que ocultar sistemáticamente los hechos y las intenciones.
