Tal y como era de prever, en Bruselas se han encendido todas las alarmas, una vez visto que el descarado impulso y mangoneo político del gobierno de Zapatero, en favor de la OPA de Gas Natural contra Endesa, ha llegado al extremo de poner en peligro pilares fundacionales de la Unión Europea, como son el libre establecimiento y la libre circulación de capitales.
Como recordarán los lectores, ante la reciente y mucho más atractiva OPA propuesta por la alemana E.On, el gobierno de Zapatero volvió a hacer caso omiso de los intereses de los usuarios, accionistas y trabajadores de Endesa, desempolvó la retórica del proteccionismo y nacionalismo económico y decidió cambiar de reglas a mitad del partido. En una práctica absolutamente bananera –una más, en la bochornosa crónica de esta OPA política que impulsa Zapatero "como sea", en beneficio del tripartito nacionalista catalán–, el Gobierno acaba de promulgar un decreto ley que concede un cheque en blanco a la Comisión Nacional de la Energía para vetar cualquier operación en el sector eléctrico. Para colmo, en el trayecto que separa el Consejo de Ministros de la imprenta del BOE, Montilla introdujo cambios en el decreto que se publicaría con la firma del Rey.
Este Real Decreto es, precisamente, el que ha causado preocupación en Bruselas y el que ha motivado que la Comisión Europea le haya enviado una carta al gobierno español en el que se le da un plazo de diez días para dar una explicación de todo lo ocurrido.
El gobierno de Zapatero logró evitar en su día que fueran las autoridades comunitarias las que juzgaran, desde el punto de vista de la defensa de la competencia, la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Con todo, el propio Tribunal español para la Defensa de la Competencia dictó un claro dictamen desfavorable a la OPA que defendía el Gobierno.
Ahora, una vez que ha entrado en liza una empresa alemana, no hay forma de disimular la dimensión comunitaria de la operación, ni de evitar que su análisis corresponda a las autoridades de competencia de la UE. Son precisamente estas competencias comunitarias las que vienen a ser cuestionadas por el discrecional y bananero decreto-ley promulgado por el gobierno.
Desde el gobierno de Zapatero, el ministro Montilla sólo ha tratado de extender el ventilador, alegando que la mayoría de los países blindan "sus" empresas energéticas, y que "no es lo mismo una empresa energética que una que se dedique a fabricar yogures".
Al margen que las empresas son de sus accionistas y que más de la mitad de los de Endesa son extranjeros; que los responsables de estas prácticas que tanto perjudican la imagen y la seguridad jurídica de nuestro país, aquellos que no ha dudado en supeditar los intereses de los accionistas, usuarios y trabajadores españoles de Endesa a los intereses nacionalistas de la clase política catalana, apelen ahora al "patriotismo" es una prueba más de que no hay límite en la desfachatez de este gobierno.
Precisamente porque el energético es un "sector estratégico", es por lo que resulta más necesario velar porque esté abierto a la competencia y a los embates del mercado. Y si algo hay que lamentar del toque de atención de Bruselas, es que aparezca como imperativo europeo algo que debería haber sido defendido –y no atacado– desde el Gobierno de España, pues favorece a la libertad y al bienestar de los ciudadanos. Incluidos los que son a la vez catalanes, españoles y europeos.
