Las bochornosas declaraciones de este domingo a los diarios ABC y El País de dos cargos destacados de este gobierno son una nueva muestra de que, para el gobierno del 14M, todo vale –incluido el maquillar y satisfacer a ETA– con tal de lograr "como sea" un frente anti PP. Si el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha comparado –y dejado en peor lugar– el "ruido" que viene haciendo el principal partido de la oposición con el que viene haciendo una organización terrorista como ETA, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, se ha vuelto a alinear con las tesis de los batasunos, al considerar "grave" y "preocupante" la solicitud de encarcelamiento contra Otegi y compañía, decretada por el juez Grande Marlaska.
Que en el gobierno del 14-M haya más disposición a pactar con una organización terrorista como ETA que hacerlo con el principal partido de la oposición, es algo que se podía detectar desde el mismo momento en que, de la mano de los separatistas, se respaldó el pacto de Tinell –en el que se proscribía cualquier acuerdo con el Partido Popular– y, al tiempo, se impulsaba una propuesta en el Congreso en la que se ofrecía "dialogo" a la organización terrorista a cambio de una tregua. También fue evidente el nihilismo moral y político de este gobierno desde el mismo momento en que –también desde las paginas de El País– los socialistas, además de "dar salida a los presos", también ofrecían a ETA la "inclusión de la izquierda abertzale" –es decir, los representantes políticos de la banda– en la próxima negociación contra el actual Estatuto de Guernica. Y es que el gobierno del 14-M ya no tiene reparos en consensuar un próximo Estatuto vasco con las formaciones separatistas firmantes del Pacto de Estella.
Que el ministro de Justicia ponga ahora sordina al "ruido" de una organización terrorista, limitándolo a los asesinatos que no perpetra, mientras lo compara con la legitima y necesaria labor de crítica del principal partido de la oposición es, por tanto, una muestra más de la degradación moral y política de este gobierno. No menos bochornoso resulta, con todo, que al Fiscal General del Estado le haya resultado "grave" y "preocupante" que el juez Grande Marlaska decrete prisión para los proetarras de Batasuna sin que la Fiscalía lo hubiera solicitado.
Lo "grave y preocupante" es, efectivamente, que la Fiscalía no se haya sumado a la petición de encarcelación de los proetarras que sí solicitó la acusación particular en defensa de las victimas. Lo impresentable de Conde Pumpido es que, en este asunto, haya vuelto a dar las mismas muestras de calculada pasividad de las que ya ha hecho gala, no sólo ante los proetarras del PCTV, sino ante la propia Batasuna con ocasión del ilegal congreso de hace unos meses.
Lo "grave y preocupante" es la pasividad del Fiscal General ante un riesgo –afortunada y finalmente disipado por el Tribunal Supremo–, como era que dos millones de euros de fondos públicos fueran destinados como pago de deuda a Batasuna, y no a las victimas del terrorismo.
Lo "grave y preocupante" es que el Fiscal General, en lugar de respaldar las tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se alineara con las tesis de los defensores de criminales como Henri Parot; tesis que hubieran conducido –de no haberlo impedido también el Tribunal Supremo– a la pronta excarcelación de etarras con cientos de años de condena a sus espaldas.
Lo "grave y preocupante" es que Conde Pumpido, no contento con cesar al fiscal Fungairiño, haya servido también de ariete en la campaña de acoso y derribo lanzada por el gobierno del 14-M contra el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Hernando, a quien socialistas y separatistas están exigiendo explicaciones en sede parlamentaria por los criterios del Supremo acerca del cumplimiento de las penas por delitos de terrorismo.
Que una organización integrada en ETA como Batasuna, volviera a saltarse la Ley de Partidos y las sentencias de los tribunales convocando una huelga, ya era, por sí solo, motivo más que suficiente para que la Fiscalía –cuyo máximo responsable es Conde Pumpido– hubiera tomado cartas en el asunto. Más aun, cuando esta "huelga", por muy pacíficamente que hubiera transcurrido, estaba dirigida a algo tan inherente a la apología del terrorismo como es reivindicar la figura de dos criminales fallecidos –que no asesinados– en prisión. Si encima, esa "huelga" se ha saldado, tal y como era previsible, con actos de terrorismo callejero –por no recordar las dos bombas de la propia ETA–, lo "grave y preocupante" ha sido la ilimitada e imperturbable pasividad del Fiscal General y la sordera del ministro de Justicia.
En cualquier caso, la ofensiva del mal llamado "proceso de paz" contra el Estado de Derecho no ha más que empezar, y resulta bochornosamente evidente de que lado están, no sólo el ministro de Justicia y el Fiscal General, sino todo el Gobierno del 14-M.
