La consejera de educación del Gobierno de la Generalitat, Marta Cid, llevará a cabo la promesa de no respetar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba a la Generalitat a incluir dos casillas en el impreso de matriculación escolar, para que los padres pudieran elegir la lengua en que debían ser educados sus hijos. El pasado 1 de febrero Marta Cid, respaldada por el President Maragall, aseguró que "no cambiará" la política de inmersión pese a la sentencia desfavorable del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esto quiere decir que el derecho que tienen los niños "a recibir la educación en su lengua habitual" garantizado por el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística de 1988 y que el TSJC obliga a cumplir, no será respetado un año más. El incumplimiento no es nuevo, han incumplido abiertamente otras sentencias similares en la más absoluta impunidad, arropados por el silencio cómplice de la prensa catalana.
No será así en esta ocasión. La decidida política actual de El Mundo de Cataluña, Onda Cero, COPE, Libertad Digital y algunas páginas web de denunciar la persecución de los derechos lingüísticos les ha dejado con las vergüenzas al aire. Lo cual no significa que vayan a cumplir la ley ni piensen dejar de perseguir el mismo fin, o sea, expulsar al castellano de la escuela, pero lo han de hacer con las artimañas del trilero, manipulando y ocultando la sentencia judicial tras un asterisco que sustituye las casillas donde deberían aparecer las opciones de elección lingüística. Los padres habrán de recurrir a la letra pequeña en el reverso de la hoja de matriculación donde aparecerá alterado el contenido de la sentencia para obligar a los padres a dar la cara y pedir a la dirección del centro lo que no han podido cumplimentar en la inscripción, como dicta expresamente el TSJC. Burla y escarnio a la ley, truco y chantaje a sabiendas que no serán sino héroes los que se atrevan a dar ese paso, si es que han logrado leer y entender la letra pequeña tras el reverso de la hoja de matriculación.
Como muy bien dice la nota que ha sacado la Asociación por la Tolerancia, agrupación que planteó este recurso y ganó: "Habrá que recordarles que un derecho no se tiene que andar mendigando a la dirección del centro". Han de ser nuestros gobernantes los que nos lo garanticen, añado yo. Sin contar, claro está, que si hay algún padre atrevido, su hijo no recibirá la educación en castellano, sino que se le relegará e individualizará en apartheid claramente intencionado para hacer desistir al resto. Ante este nuevo truco, la asociación ha acusado al Departament d’Educación del Govern de "burlar, una vez más, las sentencias de los tribunales", y ha presentado un recurso ante el TSJC pidiendo que "ordene" a la Consejería la inclusión de "un nuevo apartado" en el que los padres puedan especificar en qué idioma desean que sus hijos reciban la primera enseñanza.
Si con la ley de nuestro lado nos torean de esta manera, imagínense ustedes cómo nos tratarán con el nuevo Estatut a su favor...
Ya son muchos atropellos. La ciudadanía empieza a comprobar que el nacionalismo tiene un plan totalitario emboscado en palabras hermosas que excede la anécdota de la escuela. Dicen ahora que quieren juzgados bilingües, lo mismo que hicieron antaño en una escuela que a la vuelta de 23 años es monolingüe. Lo mismo que hicieron antes con ayuntamientos y hospitales. No se fíen, mienten por sistema para conseguir sus fines. Tomen nota de este ejemplo real, un modelo de lo que se les viene encima a Jueces y Magistrados en los Tribunales de Justicia de Cataluña.
Un juzgado de Badalona dictó en febrero de 2005 sentencia en un caso de divorcio, únicamente en catalán. Uno de los interesados (A.U.G.) reclamó a la Juez del caso (Mª Ángeles Fernández Tio) su traducción al castellano; la Juez no puso problema alguno, pero cuando hizo efectiva su reclamación, la empresa que la Generalitat utiliza para realizar las traducciones (SEPROTEC) se la negó porque en su contrato con la Generalitat no contempla la traducción del catalán al castellano en el ámbito de Cataluña. El abogado que le ha llevado el caso, Carlos Valera, intuye que al revés no hubiera tenido problema alguno.
Jueces, magistrados, registradores, bedeles... han de ir acostumbrándose a la ley no escrita pero más utilizada en las instituciones públicas catalanas: "Sólo tienen derechos lingüísticos los catalanohablantes". Y si no reparen en el artículo 4 de la "Carta de drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes en l’àmbit de la justícia" que pende de las paredes de todos los juzgados, eso sí, únicamente en catalán, donde incumplen hasta sus propias normas: "Dintre de Catalunya, pots demanar que el procés es dugui a terme completament en la teva llengua". Habremos de descifrar si la norma pretende respetar la lengua de cada cual o si el legislador entiende que sólo hay una lengua propia en Cataluña.
A María Sol López, magistrada decana de los Juzgados de Espulgas de Llobregat, le fue incoada una investigación disciplinaria por pedir esa misma carta de derechos lingüísticos también en castellano. Ha pedido el traslado fuera de Cataluña.