Un día después de que los aliados separatistas de Zapatero se sumaran a los proetarras de Batasuna en una manifestación para exigir la amnistía de los presos de la banda y la independencia del País Vasco, el dirigente batasuno Pernando Barrena ha comunicado al Gobierno vasco que el lehendakari tendrá que esperar a que Arnaldo Otegi salga de la cárcel para llevar a cabo la ronda de partidos en la que el lehendakari ha incluido a la formación ilegalizada.
Ante este clamoroso desprecio a la legalidad supuestamente vigente, el Fiscal General del Estado ha salido a la palestra para reclamar a todos "respeto y prudencia". Los destinatarios de este llamamiento de Conde Pumpido no han sido, sin embargo, todos estos separatistas que, de forma tan ostentosa, muestran su desprecio a la Ley de Partidos, sino a una inmensa y silenciada mayoría ciudadana que rechaza la pronta excarcelación de Otegi, para quien la Fiscalía no reclamó prisión incondicional.
Conociendo al personaje, a nadie debe extrañar que el fiscal de Zapatero no tome cartas en el asunto y que, por el contrario, se sume a quienes desprecian la legalidad vigente. Ello no es óbice, sin embargo, para que no lo denunciemos, silencio que contribuiría a la progresiva insensibilización ciudadana a la que nos quiere someter el gobierno del 14-M, en pro de su "pacífica" alianza electoral con la organización terrorista.
El Partido Popular está obligado a hacer un firme y claro seguimiento público a las supuestas "líneas rojas" que Rajoy marcó a Zapatero en la Moncloa, a cambio de su apoyo a este mal llamado "proceso de paz". Tras la espléndida intervención parlamentaria, un día después, del dirigente popular contra el estatuto catalán, dirigentes nacionalistas como Artur Mas han reclamado para el estatuto catalán el mismo "respeto" y la misma "moderación" que, según el dirigente de CiU, el PP ha mostrado al "proceso planteado en el País Vasco", una vez que se ha conocido el comunicado de tregua.
Tal vez sea exagerada la apreciación de Mas, y lo que hay en realidad en el PP es una distinta medición de los tiempos respecto al estatuto catalán –ya aprobado en el Congreso– con el que pronto se planteará en el País Vasco. Sin embargo, aunque el PP prefiriera esperar a denunciar ese inminente precio político del gobierno del 14-M a los separatistas vascos en forma de estatuto soberanista, Rajoy no tiene porque esperar para denunciar públicamente la nueva burla de la Ley de Partidos que el gobierno del 14-M ya ha vuelto a hacer gala a los pocos días del encuentro con Zapatero en Moncloa.
Sin duda el narcótico de la "paz" busca anestesiar mediáticamente a la opinión pública respecto a los pagos políticos en el País Vasco. El PP no puede, sin suicidarse, buscar acomodo en esa progresiva insensibilización moral y política a la que se nos quiere someter.