El ministro de Defensa se ha mostrado hoy partidario de prohibir la manifestación de la Guardia Civil. Lo ha hecho a su manera, amagando pero no dando. No le faltaría razón al ministro de Defensa si, aplicando las Reales Ordenanzas, el régimen disciplinario de la Guardia Civil y el Código Penal Militar, hubiera sugerido dudas sobre la legalidad de una manifestación de guardias civiles. Pero lo que no es aceptable es sugerir que quienes tienen licencia de arma corta son un peligro para la democracia por el mero hecho de protestar. Es lógico que los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias convocantes se hayan sentido ofendidos por esas insinuaciones.
La pregunta es por qué Bono ha embestido como elefante en cacharrería en un tema al que el Ministerio del Interior estaba respondiendo con un perfil bajo. Es posible que se trate de un pulso más de los varios que han mantenido ambos ministros, algunos incluso en pleno Consejo de Ministros. Pero en esta ocasión hay algo más de fondo.
En el PSOE y en el Gobierno conviven dos proyectos enfrentados sobre la Guardia Civil. En un bando están quiénes apuestan por su desmilitarización y fusión con el Cuerpo Nacional de Policía. En esa posición están la mayoría del grupo parlamentario, liderado por su secretario general, Diego López Garrido, que ha hecho de la desmilitarización de la Guardia Civil una de sus banderas personales. Es también la postura de la mayoría del Partido, empezando por su secretario de organización, Pepe Blanco, que tras reunirse con la Asociación Unificada de Guardias Civiles hace unos meses ya anunció la disposición del PSOE a una desmilitarización progresiva de la Guardia Civil. Finalmente, en esa posición está también parte del Gobierno, empezando por Alonso y siguiendo por Caldera, que se comprometió en un congreso de AUGC a desmilitarizar la Guardia Civil.
¿Por qué con una mayoría en el grupo parlamentario, en el partido y probablemente en el Gobierno, Rodriguez Zapatero se resiste a dinamitar la Guardia Civil? En primer lugar, porque considera que ya tiene abiertos suficientes frentes de confrontación y éste no es prioritario. En segundo término, Bono ha hecho de la Guardia Civil una de sus banderas y sería muy peligroso provocar un cisma dentro del socialismo gobernante. En tercer lugar, porque en un momento delicado, con una negociación abierta con ETA, parece poco prudente desmantelar una institución como la Guardia Civil. Finalmente, porque en las Fuerzas Armadas provoca enorme preocupación un proceso que, por efecto contagio, pudiera terminar por afectarlas a ellas. Todo ello ha hecho que el Gobierno eliminara de su agenda cualquier reforma radial de la Guardia Civil e incluso ralentizara cualquier cambio.
La duda es si este gobierno aguantará el pulso que parece lanzarle la asociación mayoritaria de la Guardia Civil. La división con la que lo afronta no predice nada bueno. Con sus declaraciones, es muy posible que Bono haya contribuido al éxito de la protesta del día 22. Pero habrá quién se pregunte que, una vez desmantelada España, ¿para qué sirve la Guardia Civil?