Suscribir un tratado de libre comercio (TLC) con otro país significa que lo que se traiga de ese país ya no pagará aranceles de importación, de la misma manera como cuando se trae algo de algún pueblo del interior de nuestro propio país. Por eso, si vamos a hacer un TLC con todos los demás países, se puede simplificar el sistema de una vez, eliminando todos los impuestos de importación porque ya no tendrán razón de ser.
Cuando nuestras leyes las hacen en Estados Unidos, como en el presente caso con el TLC, ocurre que vuelven a prohibir lo que ya está prohibido. Eso se debe a que los burócratas que las hacen no son expertos en nuestra legislación. Ahora nos informa la prensa de que el delito de sobornar a un funcionario público quedará doblemente prohibido (ya está en nuestro Código Penal). Este delito consiste en que se considera culpable no sólo a quien recibe el soborno sino a quien lo da. Eso satisface el criterio popular de que para que haya soborno se necesitan dos personas. Podrá ser cierto en los casos cuando se compra un privilegio, pero el verdadero remedio es no repartir privilegios, sino que las autoridades traten a todo el mundo de igual manera.
Es obvio que nadie daría un soborno si no se sintiese obligado a hacerlo, ya que en la gran mayoría de casos, el soborno ocurre en trámites de aduana o de amenaza de multas, o para evitar que se estorbe o se retrase un trámite o para aplacar una amenaza de hostigamiento del funcionario de impuestos (terrorismo fiscal). En todos los casos es el burócrata encargado quien le abre la puerta al soborno porque tiene discreción para negar, atrasar, multar o simplemente fastidiar a la persona o empresa que confronta la necesidad de cumplir con algún requisito legal. Nadie va a gastar en sobornos si no le insinúan que, si quiere evitar problemas, mejor "lubricar la máquina". Después de criminalizar el soborno en Guatemala en los años 70, la corrupción proliferó por la sencilla razón de que protege al funcionario que exige o insinúa el soborno, pues éste ya no corre el riesgo de ser delatado. Por eso, esa ley debería llamarse Ley de Fomento a la Corrupción y es una nueva prueba de que lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Se habla mucho de los fallos del mercado, pero no muy a menudo de los fallos del estado. Para supuestamente corregir los fallos del mercado, en el siglo pasado se intensificó el control gubernamental sobre la vida particular. Por eso fracasó totalmente el estado en los países socialistas y en el resto del mundo según el grado en que los gobiernos asumieron mayores responsabilidades y controles.
¿Como calificaríamos el éxito del estado, de uno a diez, en cada una de las funciones que asumieron? Veamos. Orden y seguridad personal: los ciudadanos de América Latina viven angustiados y, los que pueden, recurren a empresas privadas para protegerse. Infraestructura: América Latina sufre de una infraestructura obsoleta y en muchas partes se han deteriorado o destruido los ferrocarriles y las carreteras; por ello ahora se habla de concesiones privadas. Servicios de salud: los gobernantes y políticos van a clínicas privadas. En educación: los que pueden mandan a sus hijos a escuelas privadas o a estudiar en el extranjero. El cuidado de la tercera edad es satisfactorio solamente donde se privatizó, como en Chile. El servicio de agua: los estados, con sus reglamentaciones, arruinaron a las empresas privadas de agua y ahora esta se compra más cara en toneles, botellas y frasquitos. En comunicaciones: los estados tuvieron que privatizar las empresas después de haberlas nacionalizado y llevado al fracaso. Ahora todos tienen teléfono, cuando antes era un privilegio. En consecuencia, debemos ser más bien conscientes y estar alerta ante los frecuentes y costosos fallos del estado.
