La sentencia del "Caso Bono" ha sacado a la luz lo mejor y lo peor del Cuerpo Nacional de Policía. Por un lado, policías que se negaron a obedecer órdenes de sus superiores por entender que eran ilegales, con grave riesgo para sus carreras profesionales. Por otro, funcionarios que obedecieron servilmente instrucciones partidistas a sabiendas de que eran injustas y que ahora han sido condenados por un tribunal de justicia.
Justo es reconocer que la inmensa mayoría de los policías nacionales son funcionarios intachables que trabajan día a día para garantizar nuestra seguridad, nuestras libertades y nuestros derechos ciudadanos. Pero no es menos cierto que el Cuerpo Nacional de Policía necesita una reforma para asegurar en el futuro que una institución tan esencial para el funcionamiento democrático de la nación no pueda nunca volver a ser utilizada al servicio de los intereses de partido, vulnerando para ello los derechos fundamentales de ciudadanos.
Una de las señas de identidad de la izquierda española es la ocupación de las instituciones para ponerlas al servicio de su proyecto político. El sectarismo es su arma fundamental para doblegar cualquier resistencia institucional a los designios partidistas. Desde su llegada al poder, el gobierno de Rodríguez Zapatero se ha aplicado con ahínco en este perverso proceso de penetración e instrumentación de las instituciones. Pero si hay alguna institución en el que esa ocupación partidista ha sido particularmente intensa, esa ha sido el Cuerpo Nacional de Policía.
El PSOE ha colocado a sus hombres de máxima confianza en los puestos más sensibles. Ha pagado a sus anteriores "topos" promocionándolos a las máximas responsabilidades. Ha instaurado el partidismo y el amiguismo como criterios fundamentales en la asignación de destinos. Ha depurado a todos aquellos que defienden su independencia o profesionalidad por encima de cualquier interés partidista.
El máximo responsable de la Comisaría de Información es estrictamente un hombre de partido que preparó su comparecencia parlamentaria ante la Comisión del 11-M en la propia sede del PSOE. Telesforo ha convertido la Comisaría General de Información en una comisaría política al servicio del partido en el gobierno. Para ello ha realizado una purga sistemática entre sus miembros, prescindiendo de muchos de los mejores expertos en la lucha contra el terrorismo. La propia actividad contra ETA parece ser modulada según convenga a los intereses del gobierno, como pone de manifiesto la endeblez de los últimos informes remitidos a la Audiencia Nacional o los complacientes informes de verificación dados a conocer por el Gobierno o filtrados directamente al diario El País.
La propia Policía Judicial parece ejecutar sus operaciones en función de la agenda política del partido, como por ejemplo, la sospechosa coincidencia de desencadenar la última macro-operación de estafa filatélica justo en el momento en el que el "caso Bono" estaba en su momento álgido en la opinión pública. Por el contrario, fuentes internas denuncian que se han dado instrucciones para ralentizar e incluso paralizar otras investigaciones.
Es necesaria una reforma del Cuerpo Nacional de Policía que reduzca la actual discrecionalidad política en la designación de sus mandos, que garantice el mérito y la capacidad como criterios fundamentales para la promoción interna, que la aleje definitivamente de todo vaivén partidista, que la haga menos vulnerable a las filtraciones interesadas. En definitiva, una Policía al servicio de todos los ciudadanos que nunca más pueda doblegarse al servicio de los intereses de partido.