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Aurelio Alonso Cortés

España, ¿pim, pam, pum de Hispanoamérica?

Empieza a ser moda hispanoamericana detener empresarios españoles como advertencia previa a la requisa de bienes o como reclamo electoral. Inspirados en la leyenda negra que parecía olvidada, los gobernantes populistas buscan réditos atacando lo español.

Los "Chávez" hispanoamericanos han tomado como diana de sus tiros populistas a la empresa española y a sus directivos, sin gastar por ahora en balas aunque con abundante presencia de uniformados, como si jugaran con ellos al pim, pam pum de una feria. Chávez financia al "trío de la bencina", unido a Fidel Castro con lógico enojo de los EEUU. El boliviano Evo Morales y el argentino Nestor Kirchner nacionalizan en todo o en parte a Repsol-YPF sin pagar por ello un duro. Y el citado venezolano deja invadir las tierras propiedad de nuestros paisanos, con el embajador español como notario. Y Méjico está al acecho. Mientras, la exótica sonrisa de Zapatero –perdonando la deuda boliviana que todos hemos financiado– estimula nuevos ataques a inversores españoles.

El último ataque ha sido en pleno centro de México, Distrito Federal. El español Antonio Torres fue detenido el pasado jueves, con gran despliegue judicial y ante una televisión convocada para mundial conocimiento. Torres, presidente de la empresa Eumex, filial de FCC, fue tratado como peligroso delincuente. ¿Cuál era su delito? Veamos. Eumex había ganado el concurso de publicidad en marquesinas y mobiliario urbano de Méjico DF cuando López Obrador era alcalde de la capital. Ahora que éste se presenta a las elecciones para la Presidencia de la República, necesita publicitar su imagen. ¡Y qué mejor que usar las más de 500 marquesinas propiedad de Eumex! ¿Para qué alquilarlas o comprarlas? Se confiscan y a otra cosa, mariposa.

Obrador, como alcalde, pretendía modificar el contrato concesional, y Torres le recordó aquello del pacta sunt servanda o, dicho en román paladino, "los pactos deben ser cumplidos". Acabaron en los tribunales donde la empresa española ganó todas las instancias. Y ahora que deja la alcaldía, se siente fuerte e impone su ley, confiado en las encuestas que le dan como sucesor del presidente Fox. Sus órdenes no se discuten. Quien lo haga va a la cárcel. Ni siquiera vale que Eumex haya sido respaldada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Méjico. O que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal –una especie de defensor del pueblo– haya condenado anteriores detenciones de sus empleados. ¡Y qué!

Empieza a ser moda hispanoamericana detener empresarios españoles como advertencia previa a la requisa de bienes o como reclamo electoral o político. Inspirados en la leyenda negra que parecía olvidada, los gobernantes populistas buscan réditos atacando lo español. Viste mucho y resulta gratis atacar a la España del riente Zapatero. Y además muy rentable. No sólo nuestro Gobierno les deja trincar bienes y derechos sino que les ayuda a calmar la ira y hambre de sus súbditos.

Conscientes de que dicho superman presume de ningunear a los Estados Unidos –el país más grande del mundo– creen que lograrán prestigio zumbando al ninguneador... en el trasero de sus ciudadanos. No hay riesgo. España lo aguanta todo inmersa en una etapa de honda debilidad y pérdida de identidad nacional a causa del separatismo estatutario. Como cuando los americanos se independizaron de la madre patria en 1810 aprovechando que Napoleón sojuzgaba al borbón Carlos IV.

Detrás del trío populista vendrá Perú, Ecuador, Nicaragua y hasta puede que Méjico si sale elegido el tal Obrador. El virus del anti españolismo parece unirles en su expansión revolucionaria. Con razón la Fundación Alemana Konrad Adenauer ha declarado: "El regreso del populismo a países como Venezuela, Argentina y Bolivia es motivo de preocupación sobre una evolución duradera de la democracia en el continente".

Preguntado Zapatero en el Congreso el miércoles último sobre "que hacía para defender los intereses españoles" respondió con ambigüedad e insipidez: "la posición española es de disconformidad y preocupación". ¡Faltaría más! Y Moratinos le agregó otra simpleza: "utilizar el diálogo y la diplomacia para alcanzar soluciones satisfactorias". Parecen ignorar que no hay diplomacia sin fortaleza o alianzas sólidas y que la guerra es, según Clausewitz, "continuar la diplomacia por otros medios". ¿Cómo defender los derechos de los españoles si sólo hay talante pacifista? Pues mirando a otro lado, aunque cometiendo la imprudencia de nombrar a las empresas aún no violadas: "Hay otras empresas en Bolivia como Red Eléctrica, BBVA, Abertis o Prisa, a las que no les ha pasado nada". Permítame amigo lector una sola pregunta: ¿estaría usted tranquilo si Moratinos se encargara de defender sus derechos? Pues yo, francamente no.

Saliendo de su ostracismo, la CEOE de Cuevas propone ahora coordinar con EE.UU. las políticas necesarias para proteger las inversiones privadas españolas en "Latino América" (¡!). Pero ¿es tarea de la patronal o del Gobierno? ¿Cuando y cómo recibirán a Zapatero en Washington? A él que despreció su bandera, vendió fragatas a Venezuela con tecnología norteamericana, impulsa en sus delirios al citado "trío de la bencina", y se opone a que la Unión Europea imponga sanciones a Cuba por el encarcelamiento de disidentes. No extrañe que los cubanos de EEUU nos devuelvan la pelota y abran un segundo frente a las empresas españolas. Han propuesto enmendar la Ley Helms-Burton para sancionar a cualquier petrolera que busque crudo en la costa norte de Cuba. Y como Repsol tiene en la zona seis concesiones, sus acciones acaban de caer bruscamente en la bolsa madrileña.

Atención. La protección diplomática de sus nacionales en país extranjero es una obligación del Estado. Lo ha dicho el Tribunal de La Haya: "al hacerse cargo de la causa de uno de los suyos (...) ese Estado hace valer, a decir verdad, su propio Derecho". Y en el famoso caso "Barcelona Traction" añadió que el derecho interno puede imponer tal obligación al Estado e incluso asegurarla mediante las correspondientes sanciones. En España, la Administración responde pecuniariamente de los perjuicios causados al particular español por el no ejercicio o el ejercicio ineficaz de la protección diplomática.

Cumpla pues la vicepresidenta Fernández su promesa de proteger a los españoles en el exterior. Empezando por Antonio Torres, "internado" en las mazmorras mejicanas.

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