El Partido Popular acaba de proponer la creación de un fondo de garantía de bienes tangibles, equivalente al fondo de garantía de depósitos para los clientes bancarios o al fondo de garantía de inversiones para los clientes de instituciones de inversión colectiva. La idea es bastante buena pero hace falta ir más allá.
Las inversiones en bienes tangibles, o inversiones alternativas, se han convertido en una opción más para aquellos ahorradores que buscan una rentabilidad para su dinero. Son, sin duda, un fenómeno popular, como demuestra el hecho de que haya más de 350.000 afectados por la presunta estafa del Fórum Filatélico y Afinsa. Además, desde el punto de vista del cliente, estas inversiones tienen muchas características comunes con las inversiones financieras propiamente dichas. Por tanto, si los clientes de la banca y de las instituciones de inversión colectiva están protegidos por sendos fondos que les permitan recuperar su dinero en caso de problemas de solvencia de las entidades a las que han confiados sus ahorros, es lógico que aquellos que optan por la inversión en bienes tangibles cuenten con el mismo nivel de protección, una protección que parte de fondos constituidos y financiados por las propias empresas del sector.
Por otra parte, las inversiones en bienes tangibles son, en cierto modo, una especie de innovación del sistema financiero que permite canalizar el ahorro de los particulares hacia actividades importantes para la sociedad, como la reforestación del territorio a través de la inversión en árboles, o la promoción de la cultura a través de la inversión en arte. Se trata, por tanto, de inversiones que no solo pueden producir una rentabilidad financiera sino también social. Lo malo es que, como pasa siempre que se produce un escándalo como el del Fórum y Afinsa es que acaban pagando justos por pecadores en forma de pérdida de confianza de los inversores sobre el conjunto del sector de inversiones alternativas. Un sector que merece la pena que sea promovido y pueda expandirse, para lo cual es necesario que se adopten las medidas precisas para restaurar la confianza en el mismo. La propuesta del Partido Popular debe ser bien acogida desde esta óptica ya que constituye una contribución muy importante a la restauración de esa confianza perdida.
No obstante, y perdonen que siga insistiendo, aquí hace falta algo más. Las sociedades de inversiones alternativas no pueden seguir estando reguladas por el Ministerio responsable de los temas de consumo cuando tienen un componente financiero extremadamente importante, sobre todo desde el punto de vista del cliente. Lo que se necesita, por tanto, es que la propuesta del PP venga acompañada de una iniciativa legislativa que someta a estas compañías a la regulación y supervisión de uno de los organismos reguladores del sistema financiero, en este caso la CNMV. Desde el 1 de enero de este año, Holanda cuenta con una ley que incluye a todas estas sociedades y a cualquier tipo de inversión, tenga ésta la naturaleza que tenga, dentro del ámbito de competencias de la AFM, el equivalente holandés de nuestra CNMV. España tiene que seguir su ejemplo.
Lo que me preocupa es por qué ni el Gobierno ni la oposición plantean de una vez por todas esta cuestión, porque las responsabilidades políticas en todo este asunto tarde o temprano van a conocerse –y muchas apuntan hacia el Ejecutivo actual teniendo en cuenta cómo han actuado el Banco de España y la CNMV- y lo que exige el juego democrático en una sociedad moderna es que, con independencia de cuáles sean dichas responsabilidades, los políticos den la respuesta adecuada a un problema social y a los cambios que conlleva la propia evolución de la economía y la sociedad de un país avanzado. Por desgracia, dicha respuesta por ahora brilla por su ausencia.
