Es de agradecer que el Congreso no haya aprobado la propuesta del PP que pretendía que los contribuyentes pagaran los platos rotos del caso Afinsa-Fórum. En toda inversión, la primera y principal línea de defensa contra el engaño y la estafa es el principio de caveat emptor, es decir, la prudencia y constante vigilancia por parte del comprador. Más aún cuando se trataba de un tipo de inversión que el Estado había optado por no vigilar. Del mismo modo que, con toda justicia, los perjudicados no habrían sido obligados a compartir con el resto de los españoles los beneficios que esperaban obtener, tampoco se puede exigir que los riesgos que tomaron con su dinero hayan de ser reintegrados por otros que optaron, quizá, por destinos más sabios para sus ahorros.
Si bien los mecanismos de seguridad del Estado –como la CNMV o el Banco de España– fallan con cierta frecuencia, como demuestran los recientes casos de Gescartera y Eurobank, la ley obliga a la creación de fondos de garantía para compensar a los ciudadanos que han sufrido en sus patrimonios la incapacidad del Estado para cumplir con esa tarea de control. Así se compensa a los inversores por haber confiado demasiado en la administración. Quienes pusieron sus ahorros en Gescartera, por ejemplo, siempre podrían aducir que abjuraron de su responsabilidad de prudencia en la inversión porque eran los propios poderes públicos quienes aseguraban estar vigilantes para garantizarla. Eso no sucede con las inversiones en bienes tangibles, como los sellos. No cabe aprobar, por tanto, que los 350.000 timados quieran transferir su responsabilidad personal a ese papá universal en el que los socialistas quieren convertir al Estado, como no lo sería si habláramos de un único estafado mediante el timo de la estampita. Triste es que, en este caso, el partido menos liberal del arco parlamentario haya sido precisamente el PP.
Ya se sabía que, desde el momento en que el Gobierno puso en manos de la Fiscalía el expediente de Afinsa y Fórum Filatélico hasta la intervención, 40.000 personas invirtieron en las sociedades ahora intervenidas, 40.000 personas que podrían no haber perdido sus ahorros. Pero si las revelaciones del diario El Mundo son ciertas, ahora habría que investigar una posible responsabilidad directa de este Gobierno –y no del anterior, como se nos ha querido vender– en el retraso en la intervención de estas sociedades. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), responsable de vigilar a las auditoras, había tardado dos años y medio en investigar y sancionar a Gestynsa, auditora de Afinsa; un plazo anormalmente largo durante el cual parece que se produjeron presiones por parte del hombre de confianza del asesor de Zapatero en materia económica, Miguel Sebastián, para que la investigación se archivase. Y es que el propietario de Gestynsa es su padre. El que los socialistas muestren semejante afán por destruir la familia, no quiere decir que no cuiden la suya.
Ahora que la gestión del Gobierno en el caso Afinsa-Fórum empieza a oler a podrido, es posible que empiece a desaparecer de algunas portadas y deje de abrir algunos telediarios. La intervención se llevó a cabo al día siguiente de la sentencia que condenaba a tres policías por detención ilegal, coacciones y falsificación de documento público, por su actuación en el caso Bono. Si entonces, sin disminuir la importancia de la estafa, el momento elegido nos parecía un intento de echar tinta por parte del calamar socialista, gran experto en estas lides, es posible que tras esta exclusiva la cortina de humo deje de ser útil. Lo temible es que necesitarán otra.
