Tanto el PP como los sindicatos policiales CEP y SUP han solicitado al Ejecutivo que "endurezca" la legislación para que el "secuestro exprés" y los violentos robos de viviendas con ocupantes no resulten "tan baratos" para los delincuentes, normalmente de origen sudamericano o de países del Este. A la vista está, sin embargo, que el gobierno de Zapatero no piensa abandonar su pasividad, por mucho que la disfrace ahora con la creación de un pomposo "Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado". Con Rubalcaba al frente, ese centro sólo debería inspirar temor a los miembros de la oposición.
En cualquier caso, tanto Rubalcaba como el resto del gobierno echan balones fuera para no tener que asumir responsabilidades ante estas nuevas modalidades de inseguridad ciudadana. Además del previsible efecto del desastroso coladero que supone la política de inmigración del Gobierno, resulta evidente la necesidad, tanto de introducir reformas legislativas que endurezcan las penas, como, sobre todo, que su cumplimiento sea efectivo. De poco sirve incrementar los efectivos policiales o la severidad legislativa, si luego los jueces no se las hacen pagar a los delincuentes de forma efectiva.
Lo que se necesita no es tanto más policía –menos aún espías–, sino legisladores y, sobre todo, jueces que no abaraten el siempre relativo precio del delito. Viendo no pocos casos, no se sabe qué merece más el calificativo de "exprés", si el tiempo que dedica el delincuente a perpetrar el delito o el tiempo que dedican algunos jueces en dejarlos en libertad.
