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Emilio J. González

Montilla otra vez a la carga

Los clientes de Iberia, ejerciendo su libertad como consumidores, son los que han decidido que las rutas que parten de Barcelona no sean rentables porque ellos prefieren despegar y aterrizar en otros aeropuertos españoles.

El Gobierno de la Nación está que no para con tal de satisfacer los intereses del tripartito catalán a cualquier precio. Y, por si no tuviéramos ya bastante con todas las concesiones realizadas con el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña y con todo el asunto de dar a Cataluña una compañía eléctrica, aunque sea violentando desde el ejecutivo todos los derechos habidos y por haber de los accionistas de Endesa, ahora, por lo visto, el gabinete se va a meter en un nuevo pantano: el de los vuelos que parten del barcelonense aeropuerto de El Prat.

Resulta que Iberia, la aerolínea de bandera española, ha decidido cerrar rutas que parten desde Barcelona por razones estrictamente empresariales. Dichas razones son fáciles de explicar y se resumen en un solo argumento: no son rentables. Por tanto, Iberia, con su anuncio, no hace ni más ni menos que lo que debe hacer porque se trata de una empresa privada que se debe a sus accionistas y que tiene que hacer todo lo posible por garantizarse un futuro a sí misma y a los miles de personas que trabajan para ella. Pues bien, algo que tiene toda la lógica del mundo desde el punto de vista económico ha caído como un jarro de agua fría en el ámbito de la política catalana y, claro, Zapatero enseguida ha salido al quite: al quite de la Generalitat, por supuesto.

El Gobierno catalán desea a toda costa potenciar el papel del aeropuerto de Barcelona como puerta de entrada a España por vía aérea, para lo cual, entre otras cosas, quiere que el Estado transfiera a la Generalitat las competencias en materia aeroportuaria con el fin de impulsar el papel que el Ejecutivo catalán quiere que desempeñe El Prat. Contra eso no hay nada que decir excepto que si se produce esa descentralización, no tiene que ser asimétrica, esto es, solo para Cataluña, sino para todas las regiones españolas de forma que todas ellas tengan la misma capacidad de competir entre sí y hacer más competitivos a sus aeropuertos. Zapatero, en principio, se ha manifestado en este sentido cuando ha hablado en la TV3 catalana de la necesidad de descentralizar el sistema aeroportuario. La cuestión es si esa descentralización será solo para Cataluña o beneficiará a todas las autonomías, porque con un Gobierno nacional que no hace más que actuar a favor de los intereses particulares de Cataluña, en contra de los generales del país, siempre hay que pensar lo peor.

No se trata, ni mucho menos, de ser siempre crítico con Zapatero. Es que él mismo se encarga, una y otra vez, de proporcionar motivos para esa crítica. Porque el presidente del Gobierno, además de hablar de descentralización, ha recalcado que el ministro de Industria, José Montilla, "que es catalán", se encargará de la cuestión de Iberia. Eso es lo temible porque Montilla no se para ante nada ni ante nadie con tal de satisfacer los intereses del nacionalismo catalán, como se ha visto con total claridad con sus actuaciones parciales y sus decisiones sesgadas en todo lo relativo a las OPAs de Gas Natural y E.On sobre Endesa. Ahora puede volver a ocurrir lo mismo, porque el cierre de rutas de Iberia que parten de El Prat es un golpe casi mortal a las aspiraciones de la Generalitat de convertir a Barcelona en puerta de entrada y salida de España por vía aérea.

La Generalitat olvida, al menos, dos cosas importantes: que Madrid es el centro geográfico del país y, por tanto, es mucho más fácil y menos costoso llegar desde la capital a cualquier punto de España que desde Barcelona; y que los clientes de Iberia, ejerciendo su libertad como consumidores, son los que han decidido que las rutas que parten de Barcelona no sean rentables porque ellos prefieren despegar y aterrizar en otros aeropuertos españoles. Contra eso no hay nada que decir si el asunto se trata con lógica porque son simples decisiones económicas tomadas en un marco de libertad de mercado. El problema es que, desde la Generalitat, se quieren forzar las cosas en contra de su propia naturaleza y cuando las cosas se ponen así, ya se sabe lo que toca con este Gobierno: Montilla otra vez a la carga en favor de los intereses catalanes, contra todo y contra todos.

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