Cuando el gobierno socialista de Felipe González ordenó paralizar las obras de construcción de varias centrales nucleares en 1984, lo hizo plegándose al chantaje de ETA, que llevaba años haciendo campaña a su manera contra la central de Lemóniz. Durante la misma, por ejemplo, asesinó a José María Ryan, ingeniero de la central, tras secuestrarlo durante unos días y amenazar con matarlo si no se demolía lo ya construido, en un claro antecedente del crimen de Miguel Ángel Blanco. El mismo González reconocía que cerrar Lemóniz suponía "ceder al chantaje", antes de ganar las elecciones y rendirse, claro.
En el caso de la energía nuclear, el 75% del coste del kilowatio corresponde al coste de inversión, por lo que los españoles llevamos más de una década pagando dicha rendición en nuestra factura de la luz. El debate que Almunia considera que se debe abrir, no debe servir tampoco para que el intervencionismo del Estado en la energía impulse la nuclear, sino para garantizar que las inversiones que inicien las compañías eléctricas no van a ser echadas abajo si soplan de nuevo los malos vientos de la demagogia. La generación eléctrica debe atender a los principios del mercado libre, sin incentivos ni subvenciones, como las que están convirtiendo a los paneles solares fotovoltaicos en una fuente no de energía, sino de dinero público para inversores aprovechados.
Se da la paradoja de que, gracias a las presiones ecologistas –y etarras– y a las necesidades de energía españolas, el antinuclear Zapatero parece dispuesto a alargar la vida útil de las centrales existentes otros veinte años. Así pues, parece que tendremos energía nuclear pero con centrales menos modernas, seguras y eficientes que las que podrían haberse construido nuevas si las tesis "verdes" no hubieran triunfado, con ayuda de las pistolas.