Uno de los grandes mitos en las fórmulas de gestión empresarial de la segunda mitad del siglo XX fue la cogestión alemana. La Mitebestimmung no atribuye a los trabajadores participación en la propiedad de las empresas; pero les concede grandes poderes en la administración de la compañía. De acuerdo con el derecho alemán de sociedades, existe un consejo de vigilancia o supervisión, que controla la gestión del consejo de administración. Y en este órgano de supervisión tienen participación directa los trabajadores en grado diverso en función de las características de la empresa. En los casos de compañías con más de 2.000 empleados, es decir, todas las grandes empresas, los empleados ocupan la mitad de los puestos.
Durante muchos años se puso este modelo como ejemplo de fórmula de gestión que garantizaba la paz social e incentivaba una mayor identificación de los trabajadores con los objetivos de la compañía. Y todavía es habitual en Alemania el relativamente bajo número de jornadas perdidas por huelgas y la menor incidencia de conflictos en el seno de las empresas como consecuencia de la cogestión. Pero parece que las cosas han empezado a cambiar y es frecuente encontrar hoy referencias a una crisis del modelo, de cuya capacidad para adaptarse a la economía de nuestros días empiezan a surgir dudas.
Las razones son varias. Por una parte, el comportamiento de los dirigentes sindicales no ha sido precisamente ejemplar en muchos casos. Hay acusaciones abiertas de vetos a la contratación de trabajadores que no pertenecían al sindicato dominante y sospechas de que los miembros de los consejos de supervisión han recibido un trato privilegiado por parte de la dirección de la compañía que, en algún caso –como sucedió en Volkswagen–, incluía viajes y servicios de prostitutas a cargo de la caja de la sociedad. Pero más importante aún es la duda sobre la idoneidad de la cogestión en un sistema de economía abierta, en un marco de fuerte competencia internacional, que exige a menudo, la toma de decisiones incómodas para muchos trabajadores, como la relocalización de una parte de la actividad productiva de la compañía.
Y el mundo empresarial alemán empieza a reaccionar y a dejar a un lado el principio mismo de la cogestión. No se trata de que, al menos por el momento, vaya a cambiar la ley alemana. Pero lo que se puede hacer ya es escapar de esta ley acogiéndose al derecho de otro país de la Unión Europea que no incluya tantas restricciones a la autonomía de los propietarios en la gestión del negocio. Se calcula que, desde que en 2002 el Tribunal Europeo de Justicia reconoció el derecho de una compañía a constituirse en cualquiera de los países miembros, de acuerdo con el derecho de sociedades del país en el que se registra, varios miles de empresas alemanas se han domiciliado en Inglaterra. Una de las últimas en hacerlo ha sido Air Berlin, que se ha registrado en Bristol hace apenas un mes. Y muchas otras empresas están pensando seriamente saltar al otro lado del Canal de la Mancha.
La lección que de esta experiencia puede obtenerse es que la competencia entre jurisdicciones no sólo funciona en el derecho fiscal. La competencia regulatoria puede ser aún más importante en algunos casos; y el campo del derecho de sociedades resulta especialmente propicio para ella, como ha demostrado ya la experiencia norteamericana. Una economía abierta tiene muchas ventajas para las empresas y los consumidores. Pero no cabe duda de que una de las más importantes es que nos ofrece la posibilidad de "votar con los pies" y acogernos a los países y a las instituciones que mejor se adecúen a nuestros intereses, lo que obligará a muchos Estados a cambiar sus normas legales, si no quieren ver cómo la actividad productiva se desplaza a otras zonas del mundo. O mucho me equivoco o la internacionalización de la economía será la causa de que, por fin, se reforme sustancialmente en Alemania la cogestión en las empresas.