Al President no le basta con que los catalanes vayan a votar, han de hacerlo en un sentido, en el que él dice. Si la democracia, como ya apuntábamos ayer, ha muerto en Cataluña a manos de los violentos, la ley no ha corrido mejor suerte
Pocas cosas han tensado tanto el ambiente político como el Estatuto catalán. Desde su parto a finales del año pasado en el parlamento autonómico, ha acaparado más atención que cualquier otro asunto de política nacional. Pasado mañana habrá terminado todo con el referéndum. Si sale no, los políticos catalanes y el PSOE nacional habrán hecho el mayor ridículo de su historia. Si, por el contrario, y tomando las encuestas como referente, los catalanes votan sí se habrá consumado definitivamente la ruptura del consenso constitucional de 1978. Porque, y en esto no debería engañarse nadie, si algo ha hecho este Estatuto ha sido dividir, enfrentar y crear disputas donde no existían.
Toda la agenda del Gobierno en el último medio año se ha adaptado a las pautas marcadas por el Estatuto y su inseparable polémica. Todos los miembros del Gobierno han pasado por el aro al son de José Montilla, todos los barones del PSOE han terminado tragándose el sapo que Zapatero les sirvió frío y sin avisar. Mucho hablar pero ninguno de los que, como Ibarra o Guerra, se hicieron cruces al principio ha conseguido aguantar el tipo hasta el final. El que se mueve nos sale en la foto, ya lo dijo el mismo Alfonso Guerra hace veinte años y sigue en plena vigencia.
A pesar del recorte cosmético que el texto sufrió en Madrid, el Estatuto que el domingo se refrenda sigue siendo soberanista, insolidario y, sobre todo, liberticida. Llevado a la práctica será, además, un estorbo mayúsculo que hará casi imposible la gobernabilidad de la nación, de la española, claro, porque la catalana, aunque Maragall y Carod lo repitan mil veces, ni ha existido en el pasado ni existe en el presente.
Con semejantes antecedentes es normal que los padres del engendro hayan retorcido la legalidad vigente hasta el último momento. El Estatuto no es que sea ilegal es que es anticonstitucional. Muchos de los mecanismos que prevé en su abultado articulado se dan de bruces con nuestra Carta Magna y pueden derivar en un completo colapso legislativo. El modo que socialistas y nacionalistas han elegido para acercárselo al pueblo no ha podido ser peor. Demagogia, populismo, apelaciones cainitas a la guerra civil, persecuciones y agresiones por las calles… nada se han dejado en el tintero, más que el “Estatuto de la discordia” se merece el título de “Estatuto del Despropósito”, porque desde que hizo su debut en la escena nacional todo ha sido eso mismo, un despropósito, un desatino, un absurdo innecesario cuya siembra de males no ha hecho sino empezar.
El broche final a tanto dislate lo ha puesto su promotor saltándose por tres veces la ley electoral. Si la Junta Electoral Central dice que la Generalidad no puede animar al voto Maragall lo ha hecho, y varias veces en calidad de presidente. Ha ido más lejos incluso. Al President no le basta con que los catalanes vayan a votar, han de hacerlo en un sentido, en el que él dice. Si la democracia, como ya apuntábamos ayer, ha muerto en Cataluña a manos de los violentos, la ley no ha corrido mejor suerte. Es elástica, moldeable al antojo del que manda, una suerte de legalidad asimétrica con patente catalana y al servicio de la casta nacionalsocialista que gobierna el Principado. Una ruina, en definitiva, que pasará factura y, esa sí, habremos de pagarla todos.
