Conscientes de que el Estatuto soberanista catalán sólo venía a satisfacer las ansias de poder de la casta político-mediática nacionalista, sus impulsores fijaron un mínimo de participación ciudadana en el referéndum que, simplemente, superara la mitad del censo para valorarlo políticamente. Si patético era contemplar a dirigentes como Maragall y Mas contentándose con eso, peor ha sido verlos despotricar contra el PP por haber señalado que la participación ni siquiera ha alcanzado ese umbral que los nacionalistas mismos fijaron para considerar "mínimamente buena" la consulta.
En cualquier caso, la ilegitimidad que conlleva el trámite legal de este referéndum y la desidia de la inmensa mayoría de los catalanes, no nos debería hacernos olvidar que el estatuto soberanista es un monumental desafío a nuestra Ley de leyes que ha sido recurrido, como no podría ser de otra forma, ante el Tribunal Constitucional.
Desde marzo de 2004 tenemos presente que el gobierno de ZP no podría consumar su traición al marco constitucional de 1978 sin la complicidad de unos magistrados dispuestos a ser más "leales" a los partidos políticos que los nombraron que al espíritu y a la letra de nuestra Carta Magna. El desprestigio profesional y personal que acompañó a los magistrados que cedieron a las presiones del gobierno de González a la hora de sancionar como constitucional la ilegal expropiación de Rumasa, no debería ser mayor al que ahora acarreasen quienes diesen su beneplácito a un atropello jurídico mucho mayor como es el liberticida bodrio inconstitucional que Zapatero ha disfrazado de estatuto de autonomía.
Muerto Montesquieu, nuestras esperanzas en la oposición del Tribunal Constitucional podrán no ser realistas, pero, desde luego, preferimos pecar de candidez a contribuir a la banalización de un jaque mate a nuestra nación como Estado de Derecho como sería dar por descontada la aquiescencia de sus magistrados.
