El juez Grande-Marlaska tiene el coraje y valentía de aplicar la ley antiterrorista, día a día, con la oposición de un gobierno que no respeta la independencia judicial pese a la facundia de su vicepresidenta. A los doce detenidos del pasado martes día 20 –integrados en la red recaudadora del llamado "impuesto revolucionario"– siguieron tres días después otros dos empresarios navarros sospechosos de colaborar con ella.
Sin embargo, el lunes tuvo que dejar en libertad a estos dos empresarios porque la Fiscalía no pidió –pudiendo hacerlo– su prisión provisional. Y es que la ultima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de octubre de 2003, parece hecha a propósito aunque la promoviera el PP. Para que el juez decrete prisión es necesario que lo solicite quien ejerce la acusación, en este caso el Fiscal. Ajenos a su oficio de perseguir el delito algunos fiscales, por no oponerse a los dictados de arriba, interpretan flexiblemente las normas más allá del principio del "Dura ley pero ley", base del Estado de Derecho.
No obstante, el juez Grande dejó claro que el pago fue "voluntario" y posterior a la declaración de "alto el fuego". Lo acredita un recibo de 54.000 euros fechado en junio de 2006 cuando el proceso de supuesta paz se inició el 26 de abril anterior. Y, de confirmarse en el juicio oral la voluntariedad del pago, será difícil que el tribunal sentenciador conceda la eximente o atenuante de "miedo insuperable" que les libre de ir a prisión por el grave delito de colaboración con banda armada.
Al antiguo presidente del PNV Xavier Arzallus le ha sentado muy mal ser llamado por el juez Grande a testimoniar en el caso de Gorka Aguirre, sobrino-nieto del primer lendakari, ahora involucrado en estos pagos delictivos según las grabaciones policiales. Le habrá descargado de responsabilidad, pero en su irresistible orgullo de exclaustrado confundió el simple trámite de testimoniar con una conspiración judicial contra el partido del inefable Sabino Arana. Y flanqueado por la directiva en bloque del PNV, a la puerta del Juzgado, ha amenazado al Estado con "no acatar la Constitución". ¡Ojo! Aznar no se atrevió a aplicar el artículo 155 de la Constitución que faculta en tal caso a suspender una Autonomía, pero Zapatero no lo dudaría si los peneuvistas le quiebran el proceso de paz, es decir, su sueño de renovación electoral.
Hay mucha gente –próxima al gobierno o con pesebre en él– empeñada en desprestigiar al juez Grande-Marlaska porque su defensa de la legalidad dificulta la paz del "como sea". Unos le achacan buscar el "estrellato". Otros, hasta connivencia con el PP. Todos cuentan las horas hasta que el 1 de julio regrese el juez Garzón al Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, donde Grande le sustituye por ausencia. Olvidan que don Baltasar, al igual que todo juez, se debe tan sólo a la ley y a su conciencia. Y que no fue nada "comprensivo" cuando mandó a destacados gobernantes socialistas a los calabozos de Alcalá Meco, Guadalajara o similares. ¿Qué hará ahora?
Lo primero seguir aportando pruebas para que la Audiencia pueda dictar sentencia sobre los pagos por extorsión. Para ello se ajustará a la jurisprudencia del Supremo sobre la eximente de miedo insuperable regulada en el artículo 20.6 del Código Penal. Ello supone indagar si quienes han pagado a la banda tuvieron –en su concreta situación anímica y social– posibilidad de actuar de forma distinta para evitar infringir la ley. Y la vulnera quien paga voluntariamente; ya lo haga "porque sí" o porque aspira a llevarse bien con la eventual dictadura abertzale que ninguno parece rechazar.
No hay eximente de miedo insuperable sino cobardía, cuando falta una amenaza real, seria e inminente, valorada conforme al promedio del "común de las personas". Es el que un tribunal utilizaría de baremo para comprobar si el miedo es superable. Eleva tal promedio el alto porcentaje de empresarios que no han cedido al chantaje etarra; como era de esperar en un estamento que, salvo excepciones, lidera con determinación la sociedad civil.
La valentía del juez Grande ha tenido frutos colaterales. Algunos empresarios han roto el silencio tradicional en este sector tan "audible" en Cataluña. El primero en romperlo ha sido el presidente de los empresarios de Navarra José Manuel Ayesa. Como era de esperar ha merecido la inmediata reprimenda de la patronal vasca por "poner piedras en el camino de la paz". Y es que alguna de las redes de extorsión alcanza a dos mil empresarios vascos que, desde posiciones próximas al nacionalismo, no dudaron en asegurar su vida y hacienda sin tener en cuenta las de otros.
Siguiendo su ejemplo, una treintena de empresarios vascos y navarros a la vista, apoyados en otros ocultos, han creado una plataforma cívica que presentarán en público el próximo 3 de julio. Uno de sus fines es combatir el proceso de paz al que tachan de "inmoral".
No extrañen los criterios erróneos que exoneran del pago a la banda para evitar daños al chantajeado, cuando los tienen muchas personas sencillas de buenos principios. ¿Por qué no reparan en las muertes, lesiones y daños que el "dinero del miedo" ha causado a tantas víctimas inocentes tales como policías y guardias civiles, militares, funcionarios, periodistas, políticos e incluso niños que pasaban por la calle?