En su primer día de aplicación, la ley reguladora del permiso de conducir por puntos ha producido sanciones a cien conductores y la retirada del carnet a cinco de ellos. El Gobierno se ha volcado en la puesta en escena de los primeros controles policiales, una sobreactuación que recuerda su necesidad de evasiones de la deprimente fractura nacional que su rendición a ETA ha provocado.
Ver al todopoderoso ministro del Interior, perito en todas las formas de la mentira de Estado, pasando un simbólico control de alcoholemia sugiere una idea de lo que están dispuestos a hacer con tal de que nadie repare en su traición. Montarán un circo y el mismo Rubalcaba será el director de pista, si con ello consiguen que la gente mire para otro lado mientras pactan con los terroristas, humillan a las víctimas y entregan nuestra forma de vida a quienes quieren destruirla.
El carnet de conducir por puntos y toda la fanfarria que acompañó a su aplicación han sido el señuelo del día, como lo fue el histrionismo gubernamental por el caso Afinsa y Forum, cuando interesó tapar el escándalo por las primeras detenciones ilegales de dos afiliados políticos de la etapa democrática.
España pasa por su peor crisis política e institucional desde 1975, y el ministro del Interior se aplica en soplar ejemplarmente por el pitorro del alcoholímetro. Una imagen que expresa lo que este Gobierno ha venido a hacer: crear problemas donde no los había y encubrirlos con una ejemplaridad que nadie necesita.
Porque la prioridad de Rubalcaba debería ser cazar terroristas, no conductores.
Puestos a hacerse fotos ejemplares, podría reconfortar a las víctimas con el mensaje de que alimañas como Txapote y Amaia, los asesinos de Miguel Ángel Blanco, se pudrirán en la cárcel hasta el último día de sus condenas, y que el Estado irá a por sus correligionarios con todo el peso de la Ley, hasta derrotarlos. O quizá podría visitar a los dos afiliados del PP de Madrid que fueron detenidos ilegalmente en enero de 2005 por asistir a una manifestación de la AVT, y pedirles disculpas. O podría conseguir que repatríen a algún inmigrante ilegal, para que las mafias sepan a qué atenerse. O podría mostrar a los delincuentes la celda que les espera por asaltar propiedades y secuestrar a personas. Cualquiera de estas imágenes sería más ejemplar y alentadora, que la de Rubalcaba intimidando a los conductores españoles con un alcoholímetro.
El Gobierno ni siquiera ha sido capaz de implantar el nuevo carnet por puntos en todas las ciudades. Ha improvisado su aplicación para obtener una foto que borrase la de la vergüenza: Otegi, Barrena y compañía celebrando que Zapatero es un gobernante de palabra, sólo con ellos. El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, ha pedido la retirada del nuevo sistema de sanción, por entender que discrimina a los conductores de Madrid, ciudad que, junto a Barcelona, ha sido el único núcleo urbano donde se ha aplicado el permiso de conducir por puntos. El lanzamiento de esta política estelar y efectista tiene visos de ser un experimento cuyas consecuencias pagarán sólo madrileños y barceloneses. A diferencia de la Comunidad de Madrid, la Generalidad está encantada con este dudoso privilegio, lo que confirma que los gobiernos intervencionistas tienden a retroalimentarse. Ninguna norma, por discriminatoria y liberticida que sea, le parecerá mal jamás a una Administración acostumbrada a aplicarlas.
Está por ver que el nuevo carnet ayude a reducir las infracciones y los accidentes de tráfico. Si las infracciones de la democracia y la decencia restasen puntos, probablemente Rubalcaba estaría inhabilitado. De momento, sólo se persigue a los infractores de la circulación.
Es seguro, en cambio, que la nueva Ley empieza discriminando a unos españoles de otros, fiel al estilo de este gobierno, al que ha procurado otra magnífica coartada de evasión de los problemas reales que preocupan a los ciudadanos.
