Este jueves en San Sebastián se producirá la reunión entre los socialistas vascos y los proetarras de Batasuna. El juez Baltasar Garzón se niega a prohibir una reunión pública entre un partido democrático y una banda terrorista en un hotel con día y hora anunciados y publicados en la prensa. Los miembros de la banda terrorista no han cedido en nada y en ningún momento se les ha escuchado decir que están dispuestos a abandonar las armas.
¿Qué pueden esperar ahora las víctimas? ¿Qué pueden esperar sus familias? ¿Qué podemos esperar tantos españoles ilusionados con un proyecto de libertad y de democracia en el que pensábamos que todos estábamos embarcados? ¿Qué se puede esperar de un Gobierno entregado a los terroristas y que ha aceptado ya el derecho de los nacionalistas vascos a la autodeterminación? Nada que no sea traición, cobardía y claudicación.
La reunión de este jueves en San Sebastián es una cita que se salta la ley a la torera. Liquida el Pacto Antiterrorista, la Ley de Partidos, la inclusión de Batasuna en las listas internacionales de organizaciones terroristas y cualquier promesa que haya podido hacer este Gobierno de defender la democracia y la libertad. Los socialistas –con un tal López a la cabeza– se van a sentar con unos terroristas para hablar de política, cuando la honradez y la decencia indican que con los terroristas sólo se puede hablar del abandono inmediato y total de las armas.
Con esta reunión los socialistas no caen en ninguna trampa. Saben perfectamente lo que hacen. Saben perfectamente que se están convirtiendo en cómplices de los terroristas. No hay excusa alguna, pues nada puede justificar un encuentro que legitima el papel político de los terroristas. También es cierto que de López y compañía poco se puede esperar. Desde su llegada a la secretaría general del PSE ha trabajado para acercarse a las tesis de nacionalistas y terroristas. Lo que sí descorazona –aunque tampoco sorprende– es la actitud de la justicia. El juez Baltasar Garzón ha dejado hacer, certificando cual va a ser su actitud en este proceso de rendición: una auténtica vergüenza.
De ahora en adelante parece que reunirse con los terroristas no es delito. Hemos perdido ya todos los papeles. Es el entierro de la normalidad democrática. Cuando se legitima a los terroristas desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sólo se puede hacer una cosa: organizar una movilización social inspirada en el espíritu de Ermua, que protagonicen los españoles que sólo queremos libertad.