De vez en cuando en las instituciones de la Unión Europea se dicen o, incluso, se hacen cosas sensatas. El Parlamento Europeo ha condenado "las limitaciones relativas al contenido de Internet" que ejercen ciertos regímenes autoritarios. Además ha dado un tirón de orejas a las empresas, tanto de los Estados miembros como estadounidenses, que colaboran con la represión de la libertad en la Red ejercida por esas tiranías. Ya puestos, podrían haber censurado también la complicidad con las citadas dictaduras por parte de otras instituciones comunitarias y de los poderes públicos de cada uno de los Veinticinco.
Cuando la Eurocámara muestra su preocupación por la participación de determinadas compañías cita de forma específica, entre otras, a la francesa Wanadoo por participar en el lanzamiento del servicio de banda ancha en Túnez, cuyo Ejecutivo ha decidido "hacer inaccesibles todos los sitios de la oposición". Ya que deciden hablar del país norteafricano, podrían haber denunciado la participación de todos los miembros de la Unión en la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se celebró allí. No lo han hecho. Cuando tan indigna reunión tuvo lugar, el menos extenso de los Estados magrebíes ya tenía un historial represivo tan abultado como para que Reporteros Sin Fronteras le incluyera en su "Lista negra de los 15 enemigos de Internet".
Pero claro, la Eurocámara guarda silencio ante esto. Tal vez debido a que sus miembros pertenecen a los mismos partidos que gobiernan en los Estados miembros o que están representados en las demás instituciones eurocráticas. No lo ha hecho ahora ni lo hizo antes. Tan sólo hubo, meses antes de que la Cumbre se celebrara, dos excepciones que se convirtieron en la voz de la dignidad. La liberal finlandesa Astrid Thors y el verde alemán Daniel Cohn-Bendit, criticaron que dicho encuentro fuera a tener lugar, como al final ocurrió, en un país regido por una dictadura que ya entonces atentaba contra las más elementales libertades en la Red.
Las vías por las que los poderes públicos de las democracias, en este caso de los miembros de la UE y los euroburócratas, se hacen cómplices de las dictaduras represivas en Internet son muchas más. Entre ellos figuran distintos acuerdos de cooperación y la ayuda al desarrollo en esta materia. De hecho, la Eurocámara ha reclamado al Consejo y a la Comisión que los programas de este tipo se vinculen a "la posibilidad para los ciudadanos (de esos países) de tener acceso a Internet de forma integral y sin trabas". Espero equivocarme, pero me temo que estas instituciones no van ha hacer mucho caso a los parlamentarios. Al fin y al cabo tampoco se lo hicieron en cuestiones como la retención de datos o las patentes de software. Ahora no tiene por qué ser la excepción.
La defensa de la libertad en cualquier lugar del mundo es una obligación de todos los gobernantes democráticos. Y más cuando se trata de Internet. No debido a que la Red sea más importante que otros aspectos de la vida, sino por la propia naturaleza de ésta. Cuando una dictadura limita las libertades de los internautas de su país, o incluso impide directamente que sus súbditos se conecten, está recortando las de quienes se conectan desde cualquier lugar de la tierra. Al impedir que un coreano del Norte lea este artículo, su Gobierno restringe mi derecho a expresarme ante quienes quieran conocer lo que tengo que decir. Al no permitir que un cubano exprese en la Red sus opiniones, Fidel Castro ataca mi derecho a recibir la opinión de otros libremente. Y también la de usted, apreciado lector.